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Rufo Chacón protestaba junto a su madre y otros tantos ciudadanos venezolanos en plena calle por la falta de gas del país cuando todo sucedió. Un agente disparó a quemarropa los 52 perdigones de su arma en la cara del joven de 16 años.
Dos funcionarios de la Policía regional del estado venezolano de Táchira (oeste) fueron condenados este lunes a 21 y 27 años de prisión por las heridas causadas a un adolescente que lo dejaron ciego, después de que participara en una protesta para exigir el cese de fallas en el servicio gas doméstico en su comunidad, en julio de 2019.
“Rufo Chacón fue disparado en su cara por policías del estado Táchira, perdió sus dos ojos a sus 16 años. Hace pocos minutos (…) salió de la audiencia final de juicio. Dos funcionarios condenados a 27 y 21 años de prisión”, informó el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, en su cuenta de Twitter.
Los dos policías señalados por este caso, según informó en su momento el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fueron identificados como Javier Useche Blanco y Henry José Ramírez Hernández, imputados por “los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivos futiles e innobles en perjuicio” de Chacón.
También se les habían atribuido los delitos de “trato cruel y uso indebido de arma orgánica” contra otras cuatro personas que se encontraban en la protesta, identificados como Jefferson García, Adrián Chacón, Erika Suárez y Gabriel García.
Todos ellos participaron en una protesta el 1 de julio de 2019 en la comunidad de Táriba, del estado Táchira, en la que exigían el servicio de gas doméstico.
Durante el evento, Rufo Chacón recibió “múltiples heridas” en el rostro que le ocasionaron “la pérdida total de la visión por incrustación de perdigones en los globos oculares”, según el parte médico.
Tras lo sucedido, el TSJ instó “a resguardar los intereses del adolescente” al pedir abstención para “realizar publicaciones sobre el rostro”.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha sido señalado ante instancias internacionales por violaciones de derechos humanos, varias de estas enmarcadas en protestas antigubernamentales que dejaron al menos 125 muertos entre abril y julio de 2017.
La Corte Penal Internacional (CPI), que inició en 2018 exámenes preliminares contra Venezuela por “presuntos crímenes de lesa humanidad”, ha denunciado “inacción” de autoridades en investigaciones de abusos cometidos por fuerzas de seguridad, según un informe desclasificado en agosto pasado, rechazado por Saab y por el gobierno de Maduro.
En medio de los señalamientos, la fiscalía venezolana ha invitado a la CPI a que “compruebe ‘in situ’ los esfuerzos realizados por todas las instituciones venezolanas” en materia de derechos humanos.
En sus informes de gestión, Saab ha indicado que más de 150 funcionarios policiales y militares han sido condenados por violaciones a derechos humanos desde 2017.
