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El periodista Gustavo Castillo García, describe en su investigación publicada para La Jornada, que la llamada Operación Justicia para Chihuahua, aplicada durante el gobierno del panista Javier Corral Jurado (2016-2021), fue en realidad un plan “para presionar, torturar e indiciar” a más de 300 ex funcionarios locales, empresarios y opositores políticos en 89 carpetas de investigación y convirtió a 85 de ellos en testigos protegidos para que señalaran como culpables de peculado y otros delitos a colaboradores del ex gobernador César Duarte Jáquez, ahora preso por presunto desvío de recursos, indicaron ex servidores públicos que afirman haber sido víctimas de esas acciones.
Las investigaciones iniciadas el año pasado por esos casos, relacionados con los conocidos como “Expedientes X”, ya dieron como resultado la detención el pasado 21 de noviembre del ex fiscal Francisco González Arredondo, quien fue jefe de los agentes del Ministerio Público que participaron en la Operación Justicia para Chihuahua desde los sótanos de la llamada “Casa del Terror” (antes Casa de Gobierno del estado de Chihuahua).
González Arredondo enfrenta un proceso penal por actos de tortura, a partir de una imputación presentada por la Fiscalía General de Justicia de la entidad, ahora a cargo de Roberto Javier Fierro Duarte.
Tras la detención de González Arredondo, varios de los ex funcionarios que fueron indiciados y sujetos a proceso o que alguno de sus familiares fue encarcelado en esa época, decidieron dar a La Jornada su testimonio de lo vivido durante el gobierno de Javier Corral Jurado.
La estrategia de seguridad de los “Expedientes X”, de acuerdo con el quinto Informe de gobierno de Corral, presentado en agosto del año pasado, permitió la judicialización de 123 casos, la ejecución de 92 órdenes de aprehensión y 16 sentencias condenatorias.
La “Casa del Terror” era el centro de operaciones policiaco-ministeriales bajo el mando de González Arredondo, que desencadenaron de manera indirecta la muerte de al menos dos personas, según los testimonios de Luz María Martínez Robles y de Martha Patricia Banderas Barrera.
En un caso, Jose Lázaro Joaquín López, infectado de covid-19, falleció el 27 de agosto de 2020, “por falta de atención oportuna por parte de las autoridades penitenciarias locales”. Había sido director del Fideicomiso Chihuahuense para las Actividades Productivas (Fidapech) durante el gobierno de Duarte Jáquez.
El 24 de diciembre de 2020 murió Julio Sánchez Chánez, ex asesor de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, debido al agravamiento de padecimientos renales, tras permanecer casi un año huyendo para evitar su detención, al igual que su esposa, Martha Patricia Banderas.
Para armar sus acusaciones, en su mayoría por el supuesto delito de peculado, la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, a través del fiscal González Arredondo, benefició con la condición de testigo protegido a 85 de los indagados, quienes “sólo tenían que repetir lo que se les ordenaba entonces, con tal de llevar a prisión a personas que trabajaron en la administración de César Duarte Jáquez”, aseguraron Martínez Robles, Banderas Barrera y Raymundo Romero Maldonado, secretario general de Gobierno durante el mandato de César Duarte.
Martha Patricia Banderas, quien se desempeñó como directora de Administración de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, pasó dos años en prisión acusada de participar en el desvío de 5 millones de pesos por haber firmado una suficiencia presupuestal para el sindicato de maestros.
“La acusación me fue notificada hasta que estuve presa. No había prueba de descargo que valiera. Allí fui entendiendo que la venganza de Corral fue un plan de presión de la gente de abajo hacia arriba para llegar a César Duarte, metiendo a la cárcel a funcionarios menores para que declararan contra sus jefes y, a su vez, los secretarios” imputaran al antecesor del mandatario panista.
A ella la justicia de Chihuahua le inició tres procesos penales. “Me obligaron a declararme culpable. Fue la única alternativa para salir de prisión. Me hicieron pagar reparación del daño y a la fecha sigo haciéndolo. Porque la otra opción que tuve era estar presa los cuatro años que Corral iba a durar”.
A José Lázaro Joaquín Gutiérrez lo vincularon a proceso en agosto de 2018 por peculado y le decretaron prisión preventiva. En 2020 su familia y la defensa solicitaron a la jueza María Alejandra Ramos Durán que le permitiera pasar a prisión domiciliaria debido a su edad, a que padecía hipertensión y porque corría el riesgo de agravarse y contagiarse de covid-19. Al final, en el penal Aquiles Serdán se infectó de coronavirus, señaló Luz María Martínez Robles, su esposa.
“En agosto de 2020 él enfermó y de acuerdo con el expediente clínico fue atendido en el hospital del Cereso un viernes y el sábado ordenaron que se le trasladara de emergencia al hospital externo, pero fue hasta el martes cuando lo llevaron. Tras el fallecimiento, la jueza María Alejandra Ramos Durán, que le negó la prisión domiciliaria, interpuso una denuncia por homicidio por omisión en contra de quien resulte responsable”, añadió.
Apenas el pasado primero de diciembre se dio a conocer que, desde el 28 de agosto de 2020, dos días después del fallecimiento de Gutiérrez y cuando Corral aún era gobernador, la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua dejó sin efecto la probable responsabilidad administrativa del ex funcionario de Fideapech.
Otro caso es el de Raymundo Romero Maldonado. Él tenía 74 años cuando fue detenido el 24 de diciembre de 2018 y enfrentó un proceso de peculado. “Lo supe después de mi aprehensión. Ese día estaba lloviendo y la temperatura era como de -2º grados centígrados. Tenía cáncer prostático y meses antes el oncólogo había ordenado que me dieran 41 sesiones de radio que comencé en mayo de ese año.
“Los agentes me llevaron al penal Aquiles Serdán, me dejaron en un patio de la prisión. Como estaba lloviendo traté de resguardarme y un custodio me ordenó regresar al patio. Allí llegaron dos oficiales más que me dijeron: ‘Lo vamos a introducir al penal. Párese allí y desnúdese’. Les expliqué que había recibido sesiones de radio por problemas de cáncer y que estaba delicado.
“Les supliqué, me humillé, les dije, ‘no me hagas esto, estoy delicado’. La respuesta fue: ‘Entre más dures platicando, ahí te vas a quedar. Todo. Quítate todo’. Y me ordenaron que siempre mirara a una cámara.
“Me dieron un uniforme viejo y sucio. Marcelo González Tachiquín, ex secretario de Educación –también preso–, me prestó una cobija y me dejó dormir en la cama de concreto que había en la celda. El frío me calaba en los huesos y no tenía mis medicamentos.
“Hasta el 26 de diciembre me llevaron ante el juez de control. Mi esposa y mi abogado le dijeron que había sido detenido sin orden de aprehensión ni darme la oportunidad de llamar a un abogado. La respuesta del juzgador fue: ‘No, no, ya está aquí. Sigamos’.”
“Fue absurdo lo que me imputaron. Me acusaron de peculado porque supuestamente avalé la compra de un predio que había adquirido la Secretaría de Hacienda en 2011, un año antes de que yo fuera secretario general de Gobierno y encabezara el Comité de Patrimonio Inmobiliario, que tiene entre sus responsabilidades avalar la adquisición de bienes.
“El predio está en Guachochi, era para un cuartel militar. El gobierno pagó 15 millones y la gente de Paco González dijo que su avalúo estimaba el precio en 6 millones de pesos.”
Raymundo Romero pasó dos años en prisión domiciliaria, acusado de haber influido para que se pagara un sobreprecio de 9 millones de pesos por ese terreno.
Su proceso no ha concluido. Afirma que “el terreno sigue en posesión del gobierno de Chihuahua y actualmente se cotiza en unos 70 millones de pesos. ¿Cuál es mi delito si yo llegué un año después de que el gobierno había pactado la compra?”
