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La Sección Instructora de la Cámara de Diputados se instaló formalmente para desahogar las solicitudes de desafuero, entre ellas, la presentada por la Fiscalía de Campeche contra el legislador y dirigente nacional priista Alejandro Moreno, acusado de enriquecimiento ilícito.
El presidente del órgano jurisdiccional, Jaime Humberto Pérez, soslayó la versión de un acuerdo político entre Morena y el PRI para evitar el desafuero de Moreno, al tiempo de afirmar que sería una acción irresponsable pronunciarse sobre ese supuesto.
“Todo lo que se encuentre en el haber de los expedientes y en el área jurídica será tratado, como lo expresé en la instalación, con responsabilidad, con el debido proceso, cuidando los tiempo y términos legales de cada acción que se nos presente”, puntualizó.
“Todo lo que se encuentre en el haber de los expedientes y en el área jurídica será tratado, como lo expresé en la instalación, con responsabilidad, con el debido proceso, cuidando los tiempo y términos legales de cada acción que se nos presente”, puntualizó.
Sostuvo que el trabajo de la Sección Instructora se desarrollará conforme a la ley, independientemente de que 2023 y 2024 sean años electorales.
El legislador morenista detalló que, una vez instalada la Sección Instructora, procederá a solicitar a la Secretaría General y a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados los expedientes de solicitud de procedencia que, en su caso, se hayan presentado.
Casi un mes después de que el pleno cameral aprobó su integración el pasado 3 de septiembre, la Sección Instructora inició sus trabajos.
El órgano jurisdiccional en el Palacio de San Lázaro está conformado por dos diputados de Morena, Jaime Humberto Pérez y Leonel Godoy, así como José Elías Lixa, del PAN, y Rubén Moreira, del PRI.
Dicha integración prefiguraba un eventual escenario de empate en las votaciones (dos de Morena contra dos del bloque opositor) antes del virtual rompimiento de la coalición Va por México, debido al resurgimiento de la alianza PRI-Morena para impulsar la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028.
