Un juez de Control del Distrito Morelos dictó vigilancia las 24 horas a cargo de elementos de Seguridad Pública Estatal, así como portar un localizador electrónico y resguardo en su domicilio, en contra del exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Jorge Abraham “N”, por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito.
La audiencia de control de detención y formulación de imputación inició a las 15:30 horas del sábado y concluyó este domingo a las 6:30 de la mañana.
El proceso judicial que se sigue en contra del exmagistrado forma parte de la Operación Justicia para Chihuahua, ya que fue de los funcionarios que se beneficiaron con los recursos públicos durante la pasada administración.
El Ministerio Público acreditó en la audiencia de control de detención y formulación de imputación, que Jorge Abraham “N”, durante los años de 2010 a 2018 se desempeñó como servidor público del estado de Chihuahua, entre otros cargos, como diputado local y magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tiempo durante el cual aumentó de manera injustificada su patrimonio en más de 10 millones de pesos.
La representación social precisó que los depósitos en cuentas bancarias, pagos a créditos en efectivo y adquisiciones de casas, lotes y vehículos, fueron notoriamente superiores a los ingresos comprobables lícitos que tenía.
La defensa del imputado solicitó el término constitucional de 144 horas para presentar elementos de prueba en la audiencia de vinculación o no a proceso que se realizará la próxima semana, en donde se determinará si al exmagistrado se le inicia un proceso penal o bien queda en libertad.
La audiencia de vinculación o no a proceso se realizará el próximo miércoles 23 de diciembre a partir de las 10 de la mañana.
El exmagistrado fue detenido el viernes en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando se disponía a abordar un vuelo internacional, en cumplimiento a una orden de aprehensión librada por un Juez de Control del Distrito Morelos, por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito.
A inicios de año, el Congreso del Estado determinó el desafuero del entonces magistrado penal a fin de que compareciera ante los juzgados por imputaciones en su contra y fue destituido del cargo por el pleno del Tribunal.