REPORTERO1 
El Congreso del Estado, solicitó al Ejecutivo Estatal, emita la convocatoria pública y realice las acciones de difusión debidas, a fin de conformar la Comisión Especial para la Elaboración del Código Adam; así como que las dependencias correspondientes, den información puntual, concreta y detallada respecto a las acciones implementadas para localización de menores.
Lo anterior, con base a lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del decreto 1037/2021 publicado en el Periódico Oficial del Estado, que a la letra dice: El Poder Ejecutivo del Estado, dentro del plazo de 30 días hábiles posteriores a la publicación del presente Decreto, deberá conformar una comisión especial para coadyuvar en la elaboración del Código Adam; integrada cuando menos por: … …
Es importante señalar que, las situaciones que involucran la no localización de una persona, especialmente una niña, un niño o un adolescente, se convierten en un fenómeno que toca las fibras más profundas del tejido social, ya no solo por la incertidumbre que afecta a su círculo social más cercano, sino por ser un claro reflejo de la inseguridad.
El el dictamen del decreto aludido, aprobado por unanimidad de las y los integrantes de la 67 Séptima Legislatura, tiene a bien justificar las consideraciones para emitir dicho acuerdo.
Ahora bien, como parte del análisis realizado, se concluyó que la instauración del Código Adam representa un área de oportunidad, considerando principalmente que la Ley General no agotó la regulación de la materia, en el caso de la hipótesis planteada, es decir, desde el momento en el que se da cuenta de la ausencia del o la menor, hasta el momento en el que las autoridades primarias o informadoras tienen noticia de tal hecho; se consideró tras el análisis que la norma general tampoco agota los deberes a realizar sino hasta el momento en el que se realiza la entrevista inicial.
Estas y otras consideraciones fueron las que llevaron a la conclusión de la necesidad de instrumentar el Código Adam, para de esta manera reforzar la legislación local buscando la tutela de los derechos más básicos de niñas, niños y adolescentes a vivir en un entorno libre de violencia, superando los obstáculos por lo menos legales que impidan la debida diligencia para la búsqueda inmediata de las y los menores ausentes.
