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El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso su anunciada reforma para eliminar siete organismos autónomos y fusionar o transferir otros 16 órganos descentralizados de la Administración Pública Federal.
La Iniciativa con Proyecto de Decreto en materia de simplificación orgánica, presentada este lunes a la Cámara de Diputados, establece que las funciones de los organismos se traspasarán a algunas Secretarías de Estado.
Según la propuesta, estos órganos operan con lujos, gastos superfluos y duplican funciones, por lo que su desaparición permitiría ahorros.
Al presentar su paquete de reformas constitucionales, López Obrador calificó de “onerosas” y “elitistas” a estas dependencias.
Los ajustes planteados en la iniciativa van por extinguir los siguientes organismos autónomos:
- Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
- Comisión Reguladora de Energía (CRE).
- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
- Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
De acuerdo con la iniciativa, las funciones y obligaciones de estos organismos se transferirán a las secretarías de Estado.
Las facultades de la Cofece, encargada de garantizar las condiciones de libre competencia en los mercados, quedarían en manos de la Secretaría de Economía, y las del IFT, que regula los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, se entregarán a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La CRE y la CNH son órganos reguladores que, respectivamente, tienen la labor de promover la competencia en el sector energético y vigilar la extracción de hidrocarburos. Con la reforma propuesta por López Obrador, sus funciones pasarían a la Secretaría de Energía.
Mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) absorbería las funciones del Coneval, institución que genera estadística sobre el impacto de los programas sociales y mide la pobreza del país.
A la Secretaría de Educación Pública (SEP) se le transfieren las facultades de Mejoredu, creada en 2019 tras la aprobación de una reforma educativa y encargada de evaluar el desempeño del alumnado.
Por último, el trabajo del INAI, uno de los organismos autónomos más importantes, a través del cual la ciudadanía, activistas y periodistas obtienen información del gobierno, de las compras públicas y contratos, quedaría en manos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para la información relacionada con la Administración Pública Federal.
Respecto a datos relacionados con el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, esta función quedará en el Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial, en los órganos de control de los organismos constitucionales que no se eliminan y en las contralorías del Congreso de la Unión y de los Congresos estatales.
Lo relacionado con partidos políticos se trasladará al Instituto Nacional Electoral (INE); la información sobre sindicatos, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Según la iniciativa de López Obrador, la eliminación de estos siete organismos autónomos no va en contra de las obligaciones de México establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Toda vez que no deja de garantizar la libre competencia y concurrencia en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones”, justifica el documento.
Agrega que los cambios propuestos en la reforma mantienen la posibilidad de imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, a las concesiones y a la propiedad cruzada.
López Obrador envió otra iniciativa de reforma en materia de simplificación orgánica, en la que propone fusionar o transferir 16 órganos descentralizados a otras dependencias.
Este proyecto establece, además, la eliminación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y considera los siguientes cambios:
- La Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados pasaría a la Secretaría de Gobernación.
- La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes pasaría al DIF.
- El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas se va a la Secretaría de Agricultura.
- El Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables pasa a la Secretaría de Agricultura.
- El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera iría a la Secretaría de Agricultura.
- El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se convertiría en una unidad administrativa de la Secretaría de Cultura.
- El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua a la Secretaría de Medio Ambiente.
- El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático sería una unidad administrativa de la Secretaría de Medio Ambiente.
- La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía pasa a la Secretaría de Energía.
- El Instituto Mexicano de la Juventud queda en la Secretaría del Trabajo.
- El Instituto Nacional de la Economía Social en la Secretaría del Bienestar.
- El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a la Secretaría del Bienestar.
- El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a la Secretaría del Bienestar.
- La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción se elimina.
- La Dirección General de Publicaciones se transfiere al Fondo de Cultura Económica (FCE).
- El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia se fusiona con la Dirección General de Políticas en Salud Pública y crean el Centro Nacional de Enfermedades Crónicas no Transmisibles de la Secretaría de Salud.
- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros se fusionan en la Secretaría de Hacienda.
