REPORTERO1 
La tarde de este miércoles el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, informó que, la ampliación de la celda 2 del actual Relleno Sanitario continua, mientras tanto esperan la resolución judicial del mal planeado Relleno Sanitario de Mapula.
En compañía del director de Servicios Públicos Municipales, José Luis De Lamadrid, secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes y Rafel Zagarduy, representante de IDOM, Marco Bonilla anunció la construcción del Complejo Ambiental del Centro de Economía Circular, que es la planta procesadora de residuos para la Capital, contratando por más de 4MDP a los despachos de carácter internacional: “IDOM” e “INFRAP3”.
En su mensaje, el Alcalde compartió que IDOM, es una empresa española independiente, con sede en Bilbao, España, que presta servicios profesionales de consultoría, ingeniería y arquitectura con 66 años de experiencia a nivel mundial, que ha realizado más de 30 mil proyectos en 125 países y destacan en el Diseño de Complejos ambientales en todo el mundo.
Pero lo que omitió comentar el Alcalde son los múltiples señalamientos de corrupción en los que se ha visto envuelta la empresa española en México, España y Costa Rica.
- IDOM, una de las más afectadas por la caída del proyecto de Texcoco, fue una empresa consentida del Gobernador PANISTA de Puebla Rafael Moreno Valle
IDOM es una empresa española que fue de las consentidas por el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, ya que cobró unos 90 millones de pesos para elaborar 9 ordenamientos urbanos y ecológicos en la zona Audi, de los cuales nadie conoce los documentos finales. Esta compañía fue una de las principales afectadas por la cancelación del proyecto de Texcoco para construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), pues logró tres contratos, uno de ellos por la intervención de Rosario Robles Berlanga, la polémica titular de la Sedatu y quien protagonizó algunos de los principales escándalos de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Los contratos logrados por IDOM eran para intervenir en la planeación de las zonas de privilegio alrededor del NAIM de Texcoco. Entre ellos, se encontraba los planes de convertir el actual Aeropuerto Benito Juárez en “un nuevo Santa Fe” –tal como lo denunció Andrés Manuel López Obrador–, consistente en elaborar los planes para construir plazas comerciales, parques y desarrollos inmobiliarios en los terrenos de la actual terminal aérea, una vez que se desocupara.
Dos de los tres contratos que tenía en puerta IDOM fueron pactados con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A para elaborar el anteproyecto de impacto urbano y el programa de vocación de mercado, que permitiría construir en las 600 hectáreas del aeropuerto Benito Juárez alrededor de 52 mil viviendas, para ser habitadas por unas 172 mil personas, y 182 hectáreas de espacios verdes, junto con áreas comerciales y de servicios.
El tercer contrato se lo había otorgado Sedatu, la secretaría que preside Rosario Robles Berlanga, para que diseñara la estrategia territorial del entorno inmediato del NAIM de Texcoco. Es decir, lo que se había llamado la aerotrópolis, que son los negocios inmobiliarios que se pretendían hacer alrededor del nuevo aeropuerto.
Las acusaciones de actos de corrupción en el NAIM se centraban en que, desde el año 1999, se compraron o se despojaron miles de hectáreas ejidales alrededor de la zona de construcción del aeropuerto, las cuales se volvieron un jugoso negocio de especulación inmobiliaria y para construir fraccionamientos, oficinas corporativas, plazas comerciales y áreas de servicios.
La decisión de Andrés Manuel López Obrador de optar por el proyecto de Santa Lucia y desechar el de Texcoco, dejó sin contratos a IDOM, que es una empresa que elabora proyectos arquitectónicos, de desarrollo urbano y ordenamientos ecológicos en países con una alta riqueza petrolera, principalmente en Medio Oriente.
Para nadie es un secreto que entre Rosario Robles y el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas había una estrecha relación, pues la primera, junto con el priista Miguel Ángel Osorio Chong, tenían la encomienda del presidente Enrique Peña Nieto de proteger los intereses del ex mandatario poblano y darle todo el apoyo del gobierno federal.
Tal relación plantea una suspicacia: ¿al haber sido IDOM una empresa altamente consentida por el morenovallismo, fue por esa razón por la cual Rosario Robles la incorporó a los millonarios beneficios del fallido proyecto de NAIM de Texcoco?
La llegada de IDOM a Puebla ocurrió de esta manera:
Cuando surgió el proyecto de instalar la planta automotriz Audi en la región de San José Chiapa, el entonces gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas contrató a un importante grupo de urbanistas de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), quienes elaboraron un conjunto de ordenamientos que proponían detonar el desarrollo regional con la llegada de la armadora.
Dicho encargo se cumplió y se habría pagado por el mismo algo así como 5 millones de pesos, pero al final el trabajo de planeación acabó siendo desechado por un capricho del entonces secretario de Finanzas y Administración, Roberto Moya Clemente.
El funcionario convenció a Rafael Moreno Valle Rosas de que era necesario contratar a una empresa de alto prestigio internacional para darle mayor promoción al proyecto de Audi y apantallar a los inversionistas europeos.
IDOM acabó cobrando 90 millones de pesos, por hacer lo mismo que ya habían hecho los académicos de la UAP por un precio muy inferior.
En el año 2014, IDOM firmó contratos con el gobierno del estado, el Banco Estatal de Tierras y la Secretaría de Finanzas y Administración para elaborar: el Programa Regional de Ordenamiento Ecológico de la Zona Audi, el Programa Subregional de Ordenamiento Territorial, el Plan Metropolitano, así como el Anteproyecto de la Nueva Ciudad –que después se llamaría Ciudad Modelo–, que incluía modelos de gestión, de negocios, de inversiones y de participación pública.
Las anomalías de IDOM no solamente se redujeron el excesivo costo de sus trabajos, sino a otros dos aspectos más graves:
Primero: la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla ordena que es necesario hacer consultas ciudadanas para laborar los proyectos de planeación antes mencionado. El caso es que nunca se tomó en cuenta la opinión de la gente y las autoridades de los municipios de San José Chiapa, Rafael Lara Grajales, Mazapiltepec, Nopalucan y Soltepec, en cuyos territorios se asienta la zona Audi.
Segundo: al final IDOM elaboró nueve ordenamientos para la zona Audi, los cuales se pagaron con fondos públicos y tendrían que ser conocidos públicamente. El caso, es que nadie conoce los documentos. Ni en los ayuntamientos de la región, ni en las propias oficinas del gobierno del estado.
Sin duda el ocultamiento se ha de deber a que se necesita esconder la corrupción y los abusos cometidos con esos proyectos.
- IDOM y la manipulación de contratos en Bilbao
Una investigación de Luis Miguel Barcenilla del Diario madrileño El Salto, señala que las puertas giratorias entre el sector público vasco y las empresas del cártel norte de consultoras están bien engrasadas. Desde que Jon Anasagasti Bilbao llegó a la Autoridad Portuaria de Bilbao, en abril de 2017, nada más dejar su oficina en la consultoría Idom, el ente público ha adjudicado 86.140 euros a esta empresa en nueve contratos menores. Tres adjudicaciones a dedo en 2018, cinco en 2019 y una en 2020. Las cantidades van desde los 2.850 hasta los 14.900 euros, sumando 86.140 euros en total.
Un dato relevante en las decenas de folios de la investigación de la CNMC y los correos electrónicos que acabaron con una sanción de 6,3 millones de euros a las 22 firmas que conformaban el denominado “cártel norte” es que Jon Anasagasti Bilbao pudo manipular contratos públicos cuando estaba a sueldo de la consultora Idom, empresa multada con 630.000 euros.
La investigación de la CNMC, entre sus folios 16.599 y 16.609, se detiene en dicho nombre, hasta entonces desconocido. “Pásale a eriz contactos de Claudia en PA [Consulting Service, también multada] y Jon Anasagasti en Idom pf”. Este es uno de los mensajes originales que aparecen en una cadena de emails iniciada en noviembre de 2016 y vinculada a una contratación de PriceWaterHouseCoopers (PwC), castigadacon otros 630.000 euros por su participación en el cártel.
Las investigaciones realizadas desde Hordago-El Salto muestran que la expresión más elevada de la opacidad en los procesos de contratación del Puerto de Bilbao es el caciquismo. En el amplio expediente de investigación de la CNMC se recoge que un tal “Luis” le indica a Ana Andueza, socia de Deloitte, cuáles son las reglas para “cumplir” con las normas en contratos menores y le ofrece licitar un nuevo servicio para contentar a la consultora. “Para hacer negociado sin publicidad son hasta 49.999 euros . El mes que viene hacemos otro parecido por otros 10.000 euros”. “Luis” es Luis Gabiola, directivo y responsable comercial del Puerto cuando Jon Anasagasti Bilbao llegó a su nuevo puesto de trabajo en el ente público. Ambas personas, involucradas en el cártel norte, se convirtieron en compañeros de trabajo.
Jon Anasagasti Bilbao pertenece a una familia muy vinculada a las aguas que bañan la costa vasca. Su padre, Jon Anasagasti Goikolea, de hecho, fue reconocido con el galardón Itsasoko Gizon Handia (Gran Hombre de Mar) por su larga trayectoria al servicio de la Autoridad Portuaria de Bilbao. Recibió este premio en 2019 en Bermeo, su pueblo, delante de su hijo y de la mano de Carlos Alzaga, director del ente público. Anasagasti Goikolea, retirado de la actividad, estará, seguro, orgulloso de que la saga familiar siga tan presente en el Puerto de Bilbao. No consta si también lo está de cómo trabaja ahora su primogénito. En cualquier caso, todo queda en casa.
Según denuncia la CNMC en su informe, “las relaciones de confianza personales y profesionales de algunos de los directivos (en ocasiones antiguos compañeros de trabajo) facilitaron el funcionamiento de estas redes [colaboración norte y nacional]”. Para el organismo regulador de los mercados y la competencia, “entre ellos, se solicitaban asistencia y colaboración, de forma recíproca para manipular los contratos públicos lanzados por las distintas administraciones afectadas; bastaba con el envío de un correo electrónico por una de las empresas de la red, que era aceptado sin más explicaciones por los destinatarios”.
De nuevo, los documentos a los que ha tenido acceso Hordago-El Salto reflejan un modus operandi similar al de las puertas giratorias como prefacio a grandes adjudicaciones de dinero público. Un consultor toma la puerta giratoria desde el sector privado hacia el público y, pocos meses después, se firman contratos entre ambas empresas. En este caso, entre Idom Consulting y la Autoridad Portuaria de Bilbao.
Esta práctica, en ambos sentidos, de lo privado a lo público, y viceversa, ha sido frecuente en la red de empresas del norte, con sostenidos vínculos con la Administración vasca, y más concretamente con el anquilosado sector nacionalista en el Gobierno vasco, a su vez enlazado a la creciente externalización de servicios. La Autoridad Portuaria de Bilbao dispone de otros ejemplos. Como ha contado Ekaitz Cancela, Asier Atutxa, hijo del ex-consejero de Interior del Gobierno Vasco, Juan María Atutxa (PNV), siendo directivo de la entidad portuaria adjudicó a PwC la “asistencia técnica para la elaboración del Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Bilbao (2018-2022)”. Ocurrió a principios de 2017 y, apenas un año después, Atutxa llegaba a la empresa beneficiada con los 150.000 euros de esa adjudicación.
- IDOM tuvo señalamientos por trabajos en Costa Rica
Además, de que la consultora es investigada en España por una presunta manipulación en las licitaciones, IDOM ha sido cuestionada en Costa Rica por el estudio de factibilidad que realizó para el proyecto del tren eléctrico, expertos, diputados y la misma Contraloría General de la República (CGR) han señalado debilidades en el proceso.
También se ha señalado que el estudio de factibilidad inició sin haberse completado siquiera el proceso de prefactibilidad y que todo esto genera debilidades en el proyecto.
Por el estudio de factibilidad del tren eléctrico se pagó $1 millón, recursos que fueron donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), misma entidad bancaria con la que se gestiona un préstamo de $550 millones para el financiamiento del proyecto que tiene un valor total de $1.553 millones.
Incluso, hay quienes han indicado que el estudio se hizo utilizando datos sobredimensionados e información incompleta.
La consultora española IDOM (Idom Consulting, Engineering, Architecture S.A.U. y su matriz Idom S.A) https://www.idom.com/es/ quienes realizan estudios de factibilidad sobre el tren eléctrico, los mismos no hicieron entrega de un solo documento porque únicamente brindaron recomendaciones en reuniones virtuales y por esas recomendaciones verbales les pagaron $1 millón.
No se entiende porque el “curioso” interés de Marco Bonilla por realizar a como dé lugar todo lo que tenga que ver con el Relleno Sanitario, pero además no se supone que las instituciones de Gobierno debieran tener la capacidad de tomar decisiones propias, con los funcionarios y asesores propios, sin recurrir sistemáticamente a consultoras, pero además de muy dudosa honorabilidad.
