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El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó ayer una ley que permite a la policía detener a los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera de Estados Unidos y otorga a los jueces locales autoridad para ordenarles que abandonen el país.
Sus detractores calificaron la medida como el intento más drástico por parte de un estado de controlar la inmigración desde la ley de Arizona de 2010, que fue en gran medida anulada por la Suprema Corte federal. También es previsible que la ley de Texas sea rápidamente impugnada en los tribunales.
La aplicación de las leyes de inmigración es competencia federal. Pero los republicanos de Texas han probado esos límites con cada vez más intensidad durante la presidencia de Joe Biden y alegan que el gobierno federal no hace lo suficiente para impedir que la gente entre ilegalmente. Texas ha enviado a más de 65 mil migrantes a otras ciudades del país y ha instalado alambre de púas en las orillas del río Bravo, el cual ha causado lesiones a algunos solicitantes de asilo.
La nueva ley firmada por Abbott, que podría entrar en vigor en marzo, permite a cualquier policía de Texas detener a personas sospechosas de haber entrado sin papeles al país. Una vez detenidas, podrían aceptar la orden de un juez de Texas de abandonar Estados Unidos o ser procesadas por un delito menor de entrada ilegal. Los inmigrantes que no acaten la orden podrían ser detenidos de nuevo por delitos graves.
Expertos jurídicos definieron la medida como una violación de las competencias del gobierno federal en materia de inmigración. El gobierno de México también rechazó la medida. En Estados Unidos, algunos grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes han arremetido contra Biden por no haber frenado antes las agresivas medidas fronterizas de Texas.
Treinta ex jueces de inmigración de Estados Unidos, que trabajaron tanto en gobiernos republicanos como demócratas, firmaron una carta en la que condenan la medida por considerarla inconstitucional.
Esta medida, que sin duda provocará separaciones masivas de familias, debe ser anulada, dijo Priscilla Olivárez, abogada y estratega del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, con sede en San Antonio.
