En enero de 2020 Mario Vallejo Valdés, expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en el Estado de México, denunció que en municipios como Valle de Bravo e Ixtapan de Sal padecían extorsión y cobro de piso constantes. “Es un problema que hemos planteado tanto a las autoridades de la Guardia Nacional como a la 22 Zona Militar para ver qué mecanismos podemos implementar”.
Dos años y medio después de aquella denuncia pública, ni la Guardia Nacional ni el Ejército lograron combatir ni minimizar al crimen organizado; al contrario, una célula de La Familia Michoacana, denominada Sindicato Bicentenario, se consolidó e incrementó su área de acción.
A principios de 2022 constructores, industriales, empresarios, hoteleros, transportistas y prestadores de servicio de Valle de Bravo denunciaron ante el presidente Andrés Manuel López Obrador: “No podemos vivir amedrentados y bajo amenaza de muerte por negarnos a pagar derechos de piso y extorsiones…”