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Las y los diputados de la 67 Legislatura del Congreso, aprobaron dictámenes de la Comisión de Igualdad, a fin de que la desigualdad salarial se reconozca como violencia laboral y que se garantice el principio de paridad en la conformación de los gabinetes del Estado y de las administraciones de gobierno municipal.
“También es necesario establecer de manera expresa la paridad de género horizontal respecto a la organización y desempeño de ambos ámbitos de gobierno”, refirió la diputada Isela Martínez, integrante de la Comisión al dar lectura al dictamen relativo a la reforma al Código Municipal y la Ley Orgánica del Ejecutivo, ambos del Estado.
En este sentido, fueron reformadas varias disposiciones del Código Municipal del Estado, la Orgánica del Ejecutivo, así como la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El Estado Mexicano asumió el compromiso de garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, mediante la adopción de medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida política y pública, y asegurar la igualdad formal y sustantiva, agregó Martínez Díaz.
Es deber de este Congreso garantizar con medidas legislativas, la eliminación de los obstáculos que obviamente nuestra idiosincrasia y cultura imponen y que no han permitido la plena participación política de las mujeres, resaltó.
De esta manera, se plasma en las reformas, que el nombramiento en todos los niveles de mando de las personas titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, organismos descentralizados, y empresas de participación municipal, se observará el principio de paridad de género.
Dentro de los artículos transitorios, se establece que será en el mes de septiembre del año 2024 cuando sean aplicables los cambios en el caso de los gobiernos municipales y en el mes de septiembre del 2027 para la administración estatal.
Por otra parte y con el objetivo de lograr una igualdad salarial, se modificó la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que considerará como violencia laboral, toda acción u omisión que directa o indirectamente provoque la brecha salarial de género.
Con lo anterior, se favorecerá a las mujeres con mejores prácticas de contratación y selección; además de un entorno de trabajo basado en los principios de igualdad, mejores relaciones laborales, una política salarial más coherente, y mayor autonomía económica de las trabajadoras.
Este último dictamen fue presentado por la diputada Georgina Zapata, en representación de la Comisión de Igualdad, órgano encargado de analizar y dictaminar las iniciativas que dieron cabida a lo ya mencionado.
