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Esta madrugada la Cámara de Diputados aprobó por mayoría sancionar penalmente la extorsión financiera a través de aplicaciones móviles, los llamados montadeudas, con prisión de uno a nueve años. Sin embargo, sólo Morena y sus aliados avalaron que los impuestos por hospedaje se destinen a la paraestatal que tenga a su cargo la administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos y culturales. Particularmente, para la construcción del Tren Maya.
Yericó Abramo Masso (PRI) propuso infructuosamente al pleno que se estableciera una mesa para que les detallen sobre esa paraestatal que, dijo, estará la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), porque no lo establece la iniciativa que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Turismo que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. También les expliquen para qué se utilizarán los recursos. “No votaremos a ciegas”, advirtió.
Con base en datos del Inegi, dijo, 38.7 millones de extranjeros visitaron al país en 2022, y pagaron, cada uno, 637.72 pesos. “Si multiplicamos eso, son 24 mil millones de pesos y 80 por ciento, 19 mil 400 millones de pesos se tendrían que destinar a esa paraestatal. ¿Por qué la premura? sin explicarnos la creación de esa empresa que vigilará la Sedena, y no nos dicen en qué se va a gastar”.
Afirmó que de esos recursos se podrían utilizar 171 millones de pesos para pueblos mágicos o 717 millones para que la federación los gaste en las entidades para turismo.
Sin embargo, Francisco Javier Borrego (Morena) le refutó que los pueblos mágicos están quebrados y hubo responsabilidad del PRI. Manifestó que Yericó Abramo “es parte de la corrupción de Coahuila”.
Teresa Castell (PAN) afirmó que Morena dará ese dinero “en bandeja de plata a Sedena. López va a volver a hacer negocio con su contratista favorita de este sexenio, el general (Luis) Cresencio Sandoval. El mejor negocio de López es Sedena S.A. de C.V.
“Estos dos empresarios, con dinero mexicano, incursionaron en la construcción de trenes, aeropuertos, distribución de medicamentos y ahora se van a meter en el negocio del turismo. Se dieron cuenta que con obras como Tren Maya pueden tener un fondo de cash”.
PRD y Movimiento Ciudadano también se pronunciaron en contra del proyecto.
Lilia Aguilar (PT) resaltó que la Secretaría de Turismo informó que 107 millones 378 mil pasajeros entraron a México vía aérea, y lo que pagan irá a un fideicomiso para el desarrollo de nuestras inversiones en infraestructura.
La iniciativa presidencial establece quitarle al Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) los ingresos por la recaudación del derecho que pagan los visitantes extranjeros con actividades económicas turísticas, para que los maneje la paraestatal que tenga a su cargo la administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos y culturales.
Esa entidad constituiría un fideicomiso público federal para utilizar esos recursos en la ejecución, operación, administración, contratación de bienes y servicios, adquisición de bienes, construcción, mantenimiento, modernización y aprovechamiento de proyectos de infraestructura.
Actualmente, la Ley Federal de Derechos establece el cobro de un derecho para los visitantes extranjeros con fines turísticos. De lo recaudado, 20 por ciento se destina al Instituto Nacional de Migración y 80 por ciento a Fonatur. La propuesta presidencial es que ese 80 por ciento se destine para la planeación, estudios, proyectos e inversión en infraestructura a cargo de la paraestatal que será conformada.
El 20 de diciembre de 2021 el mandatario indicó que su gobierno buscará que las fuerzas armadas queden a cargo de una empresa del Estado que tendrá el objetivo de encabezar la administración y operación de tres tramos del Tren Maya, del aeropuerto de Chetumal, Palenque y Tulum, así como de la terminal aérea internacional Felipe Ángeles.
Fue aprobada con 254 votos y 209 en contra. Se envió al Senado.
Durante la madrugada, Morena y sus aliados también aprobaron una reforma a la Ley General de Bienes Nacionales, para que el máximo de descuento en la venta de esos bienes sea de 10 por ciento sobre el avalúo y no de 40, como actualmente ocurre. Se trata, explicaron los diputados del partido guinda, de regular precios y otorgar transparencia y oportunidad en las licitaciones públicas, como una forma de combate a prácticas desleales y corrupción.
En tribuna, durante la presentación de la iniciativa para sancionar los montadeudas, Yericó Abramo, promotor de la reforma, explicó que en 2002 más de 600 mil familias fueron víctimas de fraude con préstamos de entre 500 y 20 mil pesos, con tasas de interés anual de 250 por ciento.
“Lo más grave, utilizaron aplicaciones para móviles con lenguaje financiero falso. La gente caía, por necesidad, en pedir estos créditos y les bajaban sus fotos, datos, información personal, videos, audios y con esa información a sus conocidos les cobraban amedrentándolos con sus propias fotos”, contó.
Con la reforma, dijo, “se terminó para los montadeudas la fiesta de robarle al pueblo de México. Ya no más, fuera máscaras, alto a los extorsionadores digitales. Se les acabó el chantaje y el lavado de dinero”.
En el pleno, se aprobó un cambio para precisar que las instituciones de crédito deberán resguardar datos sensibles de sus clientes de banca electrónica.
La sesión empezó al mediodía de ayer y aún continúa. Lleva casi 20 horas continuas.
