Tras presentar sus renuncias al Instituto Nacional Electoral (INE), las titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) y la directora ejecutiva de Administración (DEA) decidieron quedarse en el organismo; aun así el INE aún trabaja a medias, con seis vacantes directivas y cuatro encargados de despacho. A una semana de que asumieran sus cargos tres nuevos consejeros y la consejera presidenta Guadalupe Taddei, el INE tuvo su primera sesión ordinaria hoy, para aprobar la nueva integración de las comisiones de trabajo.
En ese marco se informó que la titular de la UTF, Jacqueline Vargas Arellanes, quien había presentado su renuncia el 3 de marzo, decidió retirarla, por lo que seguirá al frente. El mismo caso es el de Ana Laura Martínez de Lara, directora ejecutiva de Administración, quien retiró su dimisión y se quedará en la Junta General Ejecutiva (JGE) del INE, en la que aún así hay seis vacantes, pues el mismo día presentaron sus renuncias. La consejera Carla Humphrey recordó que la renuncias, presentadas el 3 de marzo, correspondían a un “ánimo de dejar descabezada a la JGE, de utilizar argumentos que me parecía que no hablaban de institucionalidad, ni de que no se respondía a la presidencia en concreto sino a un órgano colegiado de once”. “Hablando personalmente con algunos de ellos llegaron a la conclusión voluntariamente de retirar esta renuncia”, estableció la consejera.
El 3 de marzo renunciaron a sus cargos otros más: los titulares de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; el director jurídico; la directora del Secretariado, el titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales; la de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación y el coordinador Nacional de Comunicación Social. Además, están vacantes la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, y la de Organización Electoral. Y hay encargados del despacho en las Direcciones Ejecutivas del Registro Federal de Electores, Prerrogativas y Partidos Políticos y la Coordinación de Asuntos Internacionales.
La sesión estuvo encabezada por Miguel Ángel Patiño, quien aún es encargado de despacho en la Secretaría Ejecutiva tras la renuncia sorpresiva para consejeros y partidos –admitió Humphrey- de Edmundo Jacobo. En la plenaria los consejeros tomaron su primera decisión por unanimidad: la integración de sus nueve comisiones de trabajo y dos temporales. Sin embargo, al término de agosto el Consejo General del INE aprobará un nuevo acuerdo para la integración de las comisiones, sobre todo de las dos que serán clave para las elecciones federales de 2024: la de Quejas, y la de Fiscalización. Todos los grupos permanentes tendrán presidencia un año, hasta septiembre de 2024.
En la sesión, los representantes de Morena, Eurípides Flores y del Revolucionario Institucional (PRI), Hiram Hernández Zetina, se congratularon con la salida del exconsejero presidente Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama, quienes a su juicio emprendieron censura y persecución. “La Comisión de Quejas se debe revitalizar y regresar al trabajo de las comisiones, que es la aplicación de la ley sin ir a interpretaciones o tratar de hacerle al justiciero, esa comisión se había cometido en un comité de censura”, dijo el morenista.
El representante del PRI, Hiram Hernández Zetina, cuyo partido recibió apenas millonaria sanción de casi 98 millones de pesos por presunta triangulación y recepción de recursos públicos de Chihuahua, advirtió que esa fue una “vendetta” de Córdova. Aseguró que Córdova quiso incidir en su sucesor en el INE y el voto del PRI en abstención del Comité Técnico de Evaluación desató la “vendetta en nuestra contra”, así que había dos consejeros que no propiciaban imparcialidad ni piso parejo. “Anuncio que vamos a revisar para ver cómo dejaron las cuentas” del INE, apuntó. La consejera Claudia Zavala respondió a Morena que los criterios con que ha resuelto la Comisión de Quejas han sido confirmados el 90% de los casos por el Tribunal Electoral. “Así que esta no es una comisión de censura ahí están los argumentos jurídicos. Y tampoco la Comisión de Fiscalización, no hay una persecución. Cuando hay un conflicto se acude a los tribunales, y eso es lo que tenemos que apelar más que las descalificaciones y los calificativos. “El cambio de los consejeros no es un cambio de Constitución, es una renovación de integrantes”, recordó.
El consejero Jaime Rivera explicó que podría haber matices entre uno y otro consejero pero no hay cambios de fondo. “Incluso, para no frustrarse no se deberían crear expectativas de cambios radicales en la forma de funcionamiento: no los va a haber, porque la ley es la misma, la Constitución es la misma. Y criterios y procedimientos incluso confirmados por los tribunales en términos generales deberán continuar“, anotó. Descalifican a dos consejeros –añadió- pero los acuerdos por este consejo se toman por mayoría o sea por lo menos seis, nunca por dos. “Atribuirle decisiones a dos es falta de respeto a todos los que adoptamos resoluciones por mayoría, que se hablan de nueva era, que me parece un exceso”, anotó.