REPORTERO1 
Chihuahua es la segunda entidad del país más endeudada por habitante al cierre del tercer trimestre de 2022, con 12 mil 839.80 pesos por cada chihuahuense, según informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).
Esto significó una variación anual del 1.20%, puesto que en el año 2021, cada ciudadano en Chihuahua adeudaba 12 mil 687.50 pesos.
Nuevo León, Chihuahua, Quintana Roo, Coahuila y Ciudad de México, en ese orden, son los estados más endeudados en este sentido. En tanto que Tlaxcala, Querétaro, Guerrero, Puebla, y San Luis Potosí fueron las entidades con menor deuda por habitante en dicho periodo, según el CEFP.
En el caso de Nuevo León, cada ciudadano adeuda 16 mil 745.90 pesos; en Quintana Roo, 12 mil 250.50 pesos; en Coahuila, 11 mil 558.10 pesos; y en la Ciudad de México cada habitante debe 9 mil 926.70 pesos.
Es de resaltar que Nuevo León, la Ciudad de México, el Estado de México, Chihuahua y Veracruz, concentraron 53.1% de toda la deuda subnacional al cierre del mes de septiembre del año en curso.
De acuerdo a datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al cuarto trimestre de 2021, las cuatro entidades federativas con el mayor saldo de deuda pública fueron la Ciudad de México (94.5 mil mdp), Nuevo León (87.1 mil mdp), el Estado de México (59.2 mil mdp) y Chihuahua (51.9 mil mdp), así que en el año pasado nuestra entidad también figuró entre las más endeudadas.
Asimismo, durante el año pasado, los estados con mayor porcentaje de deuda con respecto a sus ingresos fueron Nuevo León (76.9%), Coahuila (75.0%) y Chihuahua (74.8%). Mientras que Chihuahua, Quintana Roo, Chiapas, Coahuila y Oaxaca tuvieron deudas subnacionales que representaron más del 5% de su PIB; en estados como Sinaloa, Baja California Sur, San Luis Potosí, Puebla y Campeche representan menos del 1%.
El IMCO señaló que la deuda es una herramienta financiera. Cuando ésta es usada para fines productivos y de forma sostenible, permite a los estados y municipios hacer inversiones que sirvan como catalizadores de crecimiento económico y competitividad. Sin embargo, alertó que puede convertirse en un problema cuando los gobiernos tienen que destinar gran parte de sus ingresos a pagar obligaciones financieras. Esto limita las capacidades de estados y municipios para proveer los bienes públicos y las inversiones que ayudan a generar, atraer y retener el talento y la inversión.
