REPORTERO1 
Ciudad Juárez.- El doctor Alfredo Limas, director del Observatorio de Violencia de Genero de la UACJ, impartió la conferencia magistral denominada “A 21 años del caso del Campo Algodonero”, en la que destacó que este hecho derivó en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sigue sin cumplirse en su mayor parte, en tanto la violencia feminicida sigue creciendo.
La exposición fue en la sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de la Mujer y Equidad de Género que coordina la regidora Patricia Mendoza Rodríguez y la integran las ediles Amparo Beltrán Ceballos y Vanesa Mora de la O, en el marco del aniversario de los hallazgos en el predio algodonero de ocho mujeres asesinadas.
“Presentamos una reflexión para ver que ha pasado en este tiempo y los retos para favorecer la igualdad sustantiva y el acceso a los derechos humanos de niñas y mujeres, porque vemos que aunque hay una sentencia y han pasado 21 años, no se han favorecido de manera congruente y efectiva entre las instituciones el respeto a los derechos humanos y a quienes han sido víctimas de la violencia por razones sexuales, no solo del campo algodonero, sino de otro”, dijo.
Indicó que al Estado le falta mucho por hacer para garantizar los derechos de las mujeres y niñas en ese caso y muchos parecidos que se registraron en forma posterior.
Limas, quien también representó a las familias de las víctimas ante la CIDH, señaló que al pasar el tiempo la justicia no llega y se vuelve más complejo que se tenga justicia para las víctimas del Campo Algodonero.
“Sin duda los cambios sociales y los problemas que vemos en este año son muy distintos a aquellos primeros años de la década del 2000, son problemas muy diferentes, contextos muy distintos y es algo que complejiza los que se dieron en aquel tiempo. Resolver los casos del Campo algodonero, ya no solo es una tarea de la hoy Fiscalía, sino que hay muchos más feminicidios, se han agravado los problemas y ya no se pueden resolver los que estaban pendientes, sino que se acumularon muchos más casos de violencia y más circunstancias de delincuencia, incluso organizada”, refirió.
Al mismo tiempo la autoridad es rebasada por la criminalidad y el tiempo, se está negando justicia a las víctimas, mientras aumenta el número de feminicidios y las investigaciones rezagadas, señaló.
“Han pasado tantos años y como se ha tardado la justicia, se está negando. Cada día que pasa estamos más lejos de la justicia y la verdad, cada día habría que dedicarle más recursos y más tiempos”, añadió.
Las víctimas fueron localizadas el 6 y 7 de noviembre del 2001 y a la fecha permanece una de ellas sin ser identificada, mientras que el caso no tiene conclusiones finales, dijo.
Por este caso se pusieron denuncias individualizadas ante la CIDH, pero fueron tomados en forma grupal bajo los expedientes de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Monreal y otros para emitir una sentencia que el Gobierno ha incumplido a la fecha.
“A 21 años no sabemos la verdad, no tiene conclusiones finales. A 21 años lo que habría que dice es lo que la sentencia señala, que el Estado Mexicano violó los derechos, hablando de los tres casos de tres niñas, los derechos a la libertad, seguridad y a la vida”, añadió.
Dijo que de los 14 resolutivos que contiene la sentencia, lo más importante sigue sin cumplimiento como lo es el esclarecimiento de los asesinatos del predio algodonero, una investigación de los operadores de justicia omisos, estandarizar procedimientos judiciales, implementar en forma el Protocolo Alba o procedimiento análogo, una Página Web actualizando los casos de desaparición y un Registro Nacional de ADN de Personas Desaparecidas.
La regidora Patricia Mendoza, destacó que este tema debe ser visibilizado y conocido por todas y todos para frenar la violencia contra la mujer.
En la reunión que tuvo lugar en el salón Francisco I. Madero participó la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, así como representantes del Instituto Municipal de las Mujeres, Tribunal Estatal de Justicia, integrantes de la comunidad universitaria, además de integrantes del Ayuntamiento de Juárez.
