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Tenemos que replantear los términos de la recaudación federal participable y el desarrollo de nuevos criterios para una asignación más justa y equitativa, que puede ser 70-30, señaló el gobernador Javier Corral en el Foro Virtual “Federalismo y combate a la corrupción”.
Lo anterior como parte del Seminario Internacional Federalismo y combate a la corrupción en América Latina, dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
En su participación, Javier Corral dijo que se tienen que actualizar el acuerdo de coordinación fiscal, tanto las fórmulas de distribución como la clarificación de las cargas tributarias entre estados, municipios y federación, qué es lo que pueden cobrar unos y otros.
Señaló que la fórmula del 80-20 no corresponde a la realidad actual de las entidades, máxime cuando los gobiernos locales asumen más responsabilidades en las políticas públicas, por lo cual propuso que una fórmula más justa, más equitativa, sería 70-30.
“Debemos implementar medidas de compensación o reciprocidad para los estados que saneen sus finanzas, que ahorren, que transparenten sus presupuestos, que se sometan a reglas de austeridad, por supuesto, que incrementen sus ingresos propios e impulsen medidas de combate a la evasión y a la elusión fiscal”, agregó.
Pero sobre todo, indicó, uno de los criterios fundamentales a considerar en la nueva redistribución federal participable a las entidades federativas y municipios, deben ser el combate a la corrupción y la impunidad.
El gobernador dijo que el federalismo se cumple a cabalidad cuando las entidades federativas reciben lo que les corresponde, pero también cuando esos recursos no están sujetos a la discrecionalidad del gobierno en turno, ni tampoco a la discrecionalidad de los gobiernos locales, sino que están realmente reglamentados en normatividades, en un sistema que permita el acceso a la información, rendición de cuentas, así como el combate a la corrupción.
“El Presupuesto Federal no puede seguir siendo un instrumento de control político, tiene que seguir siendo un mecanismo para lograr el bien común y el desarrollo de las entidades federativas”, aseveró.
Al referirse al tema de la corrupción, el titular del Ejecutivo expuso que debe entenderse como un asunto de redes, que se protegen en debilidades institucionales.
“Cuando la corrupción se pretende combatir como un fenómeno individualista, basado o fundamentado en las deficiencias éticas, en la ausencia de cualidades morales de las personas, termina siendo el combate a la corrupción un combate selectivo, una justicia selectiva o lo que es peor y que es lo que estamos viendo hoy por hoy, una justicia vinculada a un manejo mediático”.
Abundó que “cuando hablamos de combate a la corrupción tenemos que pensar en un entramado institucional que enfrente esas redes de corrupción que están atenazadas por distintos vacíos legales, por falta de controles y por falta de normatividad”.
Recordó que en su momento, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción tuvo una complejidad por su estructura tan diversa de instituciones, así como por la resistencia que de entrada hubo a la conformación del Comité de Participación Ciudadana, pero aunque efectivamente, es complejo su diseño, era una base fundamental para fortalecerla, para acrecentarla e incluso para robustecer los huecos o las deficiencias que hubiera tenido.
“Lo peor que hoy tenemos, es que se ha hecho a un lado una institución, pero a nivel nacional, este sistema no solamente se ha hecho a un lado, ha estado siendo sofocado, ha estado siendo bloqueado porque depende, ahora sí, el combate a la corrupción, de un voluntarismo presidencial, que es lo peor que nos está sucediendo, incluso a partir ya de definir hasta las conductas éticas de la población o las reglas éticas para la población”, lamentó el gobernador.
Por lo anterior, puntualizó que es preciso retomar la discusión del porque se ha abandonado al Sistema Nacional Anticorrupción.
En otro orden, Javier Corral manifestó estar convencido que la transformación que se anhela de la Conago es prácticamente imposible, de ahí la decisión de salirse para no seguir siendo parte de un mecanismo meramente convalidador de un discurso centralista o de una sola exposición que ha sido hasta ahora la del Presidente de la República, por lo cual él y otros gobernadores formaron la Alianza Federalista.
“Es deseable que en México exista una verdadera organización de todos los gobernadores, como contrapeso, equilibrio, del poder central”, indicó.
Explicó que el sistema federal es una redistribución o un mecanismo de distribución de competencias, de funciones, de facultades, que por sí mismo, entraña equilibrios y contrapesos.
“Es muy importante entender esta función del federalismo también como límite y contrapeso, precisamente del Gobierno central, de ahí que la Alianza Federalista, haya llamado la atención de esta dinámica, de retroceso, de regresión, de reconcentración de facultades, de funciones, de recursos, de discrecionalidad política para entregar el presupuesto público”, exteriorizó.
Reiteró el llamado a sus colegas a fin de que el Gobierno central escuche las exigencias frente a recortes inadmisibles, frente a la extinción de los fideicomisos, arbitraria, abusiva, totalmente contraria a la Constitución, de hecho calificó como un fraude a la Constitución, el decreto de extinción de estos fideicomisos.
Resaltó que en este momento tan delicado que vive el país de enorme regresión en términos autoritarios, es fundamental que los gobernadores asuman ese papel de equilibrio y contrapeso del Gobierno de la República.
“Podemos juntos pedirle al Gobierno central que en el presupuesto de 2021, si no nos puede otorgar más recursos extraordinarios para compensar lo que hemos invertido en la atención de la pandemia, pues que no nos quite lo que ya teníamos por lo menos para este año fiscal”, consideró.
