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La Cámara Baja de Estados Unidos recomendó el martes presentar cargos penales por desacato contra Mark Meadows, otrora brazo derecho del expresidente Donald Trump, por negarse a declarar en la investigación del asalto al Capitolio en enero.
Tras esta decisión, los fiscales federales deberán decidir si inculpar o no a Meadows, cerca de convertirse en el primer jefe de gabinete de la Casa Blanca en ser procesado después de dejar el cargo desde H.R. Haldeman en el escándalo de Watergate hace casi 50 años.
Le hemos dado a Mark Meadows todas las oportunidades para cooperar. Él se metió en esta situación”, declaró en un comunicado el comité de la Cámara de Representantes que investiga lo ocurrido el 6 de enero.
El comité investiga los esfuerzos de Trump por revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que fue derrotado por Joe Biden, a través de una campaña que degeneró en una invasión de sus seguidores al Capitolio, y si Meadows y otros lo ayudaron.
Meadows, quien fue congresista durante siete años antes de sumarse al equipo de Trump en 2020, se niega a cumplir con una citación para comparecer ante el comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio, aduciendo un “privilegio ejecutivo” reclamado por el expresidente.
Ese argumento de defensa, que en teoría solo aplica para los presidentes en ejercicio que buscan mantener en privado conversaciones sensibles con sus asistentes, ya ha sido rechazado por un tribunal federal de apelaciones.
El comité de nueve miembros, que votó el lunes para avanzar en el caso de desacato, busca respuestas sobre mensajes de texto y otras comunicaciones que Meadows ya reconoció que no son privilegiadas.
Los investigadores afirman que Meadows no puede invocar el derecho a guardar silencio puesto que este excongresista conservador publicó la semana pasada unas memorias en las que menciona hechos sucedidos el 6 de enero y unas conversaciones con Trump.
También ha hablado en numerosas ocasiones sobre el ataque en apariciones en horario estelar en la cadena conservadora Fox News.
Durante la audiencia del lunes, la vicepresidenta del comité, la republicana Liz Cheney, leyó mensajes frenéticos enviados a Meadows durante el asalto por parte de presentadores de Fox News, así como del hijo del presidente, Donald Trump Jr.
Cada uno le rogó a Meadows, infructuosamente, que consiguiera que Trump llamara a sus partidarios y parara la violencia.
Necesitamos una directiva de la Oficina Oval. Él tiene que liderar ahora. Esto ha ido demasiado lejos y se salió de las manos”, le dijo Trump Jr. a Meadows.
Los mensajes dejaron en claro que, contrariamente a lo que afirmaban desde el 6 de enero, los miembros del círculo íntimo del expresidente estaban alarmados por la violencia y sabían que se trataba de un desastre político y una catástrofe para el país.
Es decepcionante y desafortunadamente no es sorprendente que algunas de las mismas personas que estaban dispuestas a advertir, condenar y expresar su horror en privado por lo que sucedió el 6 de enero estuvieran totalmente en silencio (…) o, peor aún, difundieran mentiras y teorías de conspiración”, dijo a periodistas la portavoz de Biden, Jen Psaki.
Cheney describió los textos como evidencia del “supremo incumplimiento del deber” de Trump durante las tres horas de inacción durante el asalto, cuando miles de sus partidarios irrumpieron en el Capitolio para detener la certificación de la victoria electoral de Biden.
En una nueva señal de que el cerco se cierra sobre figuras acusadas de participar en la invasión del Capitolio, el fiscal general demócrata de la ciudad de Washington presentó el martes una demanda civil contra dos grupos de extrema derecha, Proud Boys y Oath Keepers, por su papel en la violencia.
Pero el caso de Meadows es un asunto federal y el nativo de Florida de 62 años puede enfrentar cargos penales si el Departamento de Justicia acepta el caso.
Los fiscales federales ya acusaron a Steve Bannon, exestratega de la Casa Blanca, de desacato penal al Congreso menos de un mes después de que la Cámara votara remitir su caso a la justicia.
La decisión sobre Meadows puede ser menos sencilla que la de Bannon, que no trabajaba para el gobierno de Trump cuando ocurrió la insurrección.
El abogado del exjefe de gabinete, George Terwilliger, dijo en un comunicado que la negativa de su cliente a cooperar no equivalía a una falta de cooperación, sino a un intento por “honrar” las reclamaciones de privilegio de Trump.
