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El consejero jurídico, Jorge Espinoza explicó que sólo Chihuahua investigó y realizó detenciones por la Operación Safiro, donde el PRI obtuvo dinero desviado de diversos estados para sus campañas políticas, donde destacó la detención de Alejandro Gutiérrez.
“Este tema de Alejandro Gutiérrez es un tema nacional, trasciende más allá de lo que es el estado de Chihuahua, pero fue Chihuahua nada más el que entró a este tema, porque también había delitos electorales, de lavado de dinero, fiscales, este tema se dinamitó en muchas instancias federales”, expresó el funcionario en su participación en la serie especial de programas Logros con Valor de Gobierno del Estado.
“A esta persona –explicó– se le iniciaron dos procesos, uno nos lo arrebata el Gobierno Federal, el del desvío de 250 millones de pesos, ahí es donde vimos cómo se puede operar a través del sistema judicial, cómo los mantos protectores de la corrupción entran a proteger a una persona”.
Relató que cuando ese asunto se lo llevó el ámbito federal, el Gobierno de Chihuahua le dio seguimiento en el Reclusorio Norte, a través de jueces que estaban a disposición del Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto, y la anterior Procuraduría General de la República le pide al juez federal que no le impute cargos a Gutiérrez Gutiérrez.
“Piden sobreseimiento porque ellos consideran que la causa no debe continuar. Nosotros presentamos amparos contra esa resolución y están ahorita pendientes de resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, indicó.
Espinoza Cortés detalló que se pidió reconocer la calidad de víctima del Gobierno del Estado de Chihuahua, ya que los recursos son del estado de Chihuahua y precisamente se desconoció el carácter de víctima “para sacarnos de ese proceso y contra eso también nosotros presentamos amparos que están en la Suprema Corte, pendientes para resolver”
Precisó que se pelean dos cosas, la primera es que se le reconozca al Gobierno de Chihuahua su calidad de víctima y que esos 250 millones de pesos desviados, de recuperarse, regresen a las arcas estatales.
El funcionario informó que adicionalmente se desarrolló un procedimiento estatal, en donde se juzgó un desvío de 1.7 millones de pesos por parte del propio Alejandro Gutiérrez, en donde participó una de sus empresas, por lo cual fue condenado y en la apelación fue confirmada la condena, incluso aumentada, y actualmente esa resolución se encuentran en la tercera instancia, que es el amparo.
“Es un proceso con este personaje, en donde vimos realmente esa protección que se tenía, cómo algunos de los juzgados federales protegían y dictaban resoluciones contrarias a derecho, en horas, en beneficio de esta persona y que tuvimos que luchar contra esa corriente. Allí es donde nos damos cuenta cómo está incrustada y compenetrada la corrupción. No todos los jueces, magistrados o ministros, pero sí existe esa corrupción en el Poder Judicial Federal”, dijo el consejero.
Lamentó que esta corrupción queda de manifiesto cuando se conceden suspensiones, se levantan medidas cautelares, se regresan bienes y se da protección en juzgados que se tienen bien identificados.
Agregó que no solamente es lo que Chihuahua investigó y que defiende en la Suprema Corte, puesto que cuando un funcionario comete peculado, comete lavado de dinero, evasión fiscal y delincuencia organizada.
Dijo que no todos son delitos estatales, por lo cual el Gobierno Estatal acude al Gobierno de la República y le dice a los funcionarios federales: “Señores, aquí está este caso, aquí están las carpetas, aquí están las pruebas”.
