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El Gobierno del Estado organizó diversas consultas y audiencias con los líderes de comunidades indígenas en la búsqueda de garantizar sus derechos.
“Ningún gobierno había llegado con la información de los derechos indígenas, hasta donde vive la gente”, enfatizó la titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI), María Teresa Guerrero Olivares, durante el programa Logros con Valor.
La comisionada señaló que la actual administración que encabeza el gobernador Javier Corral, al haberse declarado como un gobierno incluyente y de derechos humanos, realizó consultas y audiencias públicas con los pueblos y comunidades indígenas de la entidad, implementando para ello, el programa denominado Derechos Indígenas.
A partir de este programa, dijo, se establece una relación directa con los pueblos originarios y se ejerce el derecho a la información, a la participación y a la consulta.
“Si tu respetas eso, estás respetando el derecho a la autonomía y a la libre determinación”, expresó Guerrero Olivares.
“El Gobierno –explicó– fue a donde vive la gente, ese es un hecho muy significativo para las personas, porque ellos antes tenían que venir hasta acá, y como no podían venir para hacer preguntas sobre lo que estaba pasando en su territorio, se vinculaban a intermediarios, que eran los que llevaban la voz”.
Indicó que como resultado de esa relación directa con la gente, las consultas y los derechos se ejercen hoy desde las comunidades.
“El Gobierno tiene que ser garante de esos derechos”, destacó.
En resumen de este esfuerzo, la titular de COEPI señaló que se efectuaron 238 reuniones durante dos consultas administrativas efectuadas en 36 sedes de la región serrana, en materia de legislación sobre participación y consulta indígena.
“Es mucho, si te pones a pensar en un año o dos años que se hicieron, y tuvimos contacto directo con 16 mil personas. Esto nos da una relación de cercanía con la gente. Además, estas dos consultas se hicieron sobre la base de una campaña de comunicación sobre los derechos”, detalló.
Dijo que desde el año de 1989 se aprobó el derecho a la consulta, en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la gente no estaba informada, porque ningún Gobierno había llegado con la información de los derechos indígenas, hasta donde viven.
Además, como parte del trabajo realizado en beneficio de los pueblos originarios del estado, se hicieron consultas específicas para abordar temas muy puntuales, en la región principalmente turística del Divisadero Barrancas del Cobre, así como 5 foros forestales, en los que se pudieron determinar las preocupaciones con respecto al gran bosque de Chihuahua, que es la Sierra Tarahumara.
“Uno de estos derechos, muy importante, es el derecho a la consulta, la necesidad de consultar a los pueblos sobre los proyectos e iniciativas legislativas, se ha dado desde la década del 2000 y tiene un sustento en el marco jurídico internacional, así como en el marco jurídico de la Constitución Federal y de la propia Constitución del Estado”, añadió María Teresa Guerrero.
Precisó que se han fomentado primeramente las consultas en materia legislativa y luego las consultas específicas.
“Si no se fomenta la consulta con los pueblos, no pasan a ser sujetos de derecho público, como está determinado en la Constitución”, señaló.
Durante la transmisión de este espacio informativo, Aurelia Rivas Valencia, jefa del Departamento de Participación Indígena e Interculturalidad de la COEPI, se enlazó vía Zoom, a fin de dar testimonio de que las audiencias públicas, como rendición de cuentas, han constituido un trabajo arduo, pero satisfactorio, al colaborar de forma directa con los pueblos indígenas y sus cuerpos de gobierno.
“El derecho a la consulta es un derecho colectivo que se garantiza a los pueblos indígenas y es una obligación del Estado garantizar este derecho”, expresó.
Narró que en estos años de laborar en la COEPI, ha participado en varios procesos de consulta, que le han dejado como aprendizaje, que el diálogo es lo principal, lo que garantiza la escucha, la participación de las comunidades indígenas.
Otro de los aprendizajes, comentó, es que las reuniones se tienen que hacer en la comunidad y acordadas siempre con las autoridades de las mismas “no se tiene que traer a la gente a la ciudad, sino que el gobierno se tiene que mover hacia la comunidad, y tiene que llevarse a cabo en el idioma, en la variante dialectal de cada una de las comunidades participantes”.
Agregó que las consultas deben realizarse en los tiempos y formas de las comunidades y respetando el ciclo ritual agrícola.
Informó que se realizaron equipos simultáneos, para que los procesos fueran más cortos “siempre en las reuniones se atendió que la información fuera suficiente, hasta que las comunidades dijeran: ya lo comprendimos, ya lo platicamos, ya lo acordamos con los miembros de las comunidades”.
Dijo que las autoridades indígenas que son la voz en estos procesos, traen los acuerdos que se generaron en cada colectividad.
“Estos años, creo que han servido más de capacitación, de formación en el tema de derechos indígenas, específicamente en el derecho a la participación y la consulta. Creo que las comunidades recibieron muy bien estos procesos, porque es la primera vez que una administración, o que el gobierno llega hasta sus comunidades a preguntarles el cómo quieren que se trabaje en sus comunidades, el cómo quieren que se hagan los trabajos, los proyectos o programas que lleguen allá, cuando les vaya a afectar”, reiteró.
Por ello, dijo, es importante que las comunidades asuman su papel para que exijan este derecho que es colectivo y no individual, por lo que siempre debe haber participación tanto de autoridades, como de quienes integran los pueblos originarios.
