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Permitir la importación de vapeadores, cigarros electrónicos o cualquier producto de tabaco calentado “es un error que afectará la salud de millones de niñas, niños y adolescentes”, afirmaron expertos en temas de salud.
En entrevista con La Jornada, Guadalupe Ponciano Rodríguez, presidenta del Comité Interinstitucional para la Lucha contra el Tabaco, destacó que “se antepuso la libertad de comercio al derecho a la protección de la salud. Es una decisión que no toma en cuenta la salud pública, las evidencias científicas libres de conflicto de interés, y está basada, desafortunadamente, en temas económicos”.
Por su parte, Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, declaró que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “están privilegiando los intereses de una industria que vende un producto que mata a más de la mitad de sus consumidores”.
Lo anterior, luego que la Primera Sala del Máximo Tribunal declaró inconstitucional la prohibición para compra al extranjero cigarros electrónicos y productos para ese fin, tras la aprobación del proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que amparó a la empresa Philip Morris México por considerar que la norma “limita de manera innecesaria y desproporcionada la libertad de comercio”.
Ponciano Rodríguez, experta en el tratamiento de adicciones, explicó que los cigarros electrónicos, vapeadores y productos de tabaco calentado “tienen como grupo blanco a niños y adolescentes”.
Las empresas tabacaleras, explicó, han diseñado un producto con sabores y colores que resultan atractivos para este grupo de la población, pero que tienen como componente central diversas sustancias tóxicas, así como elevadas cantidades de nicotina, la cual puede, en cantidades elevadas, causar la muerte
“Esta decisión pone en peligro a niños y jóvenes, pues se ampara a la tabacalera, pese a los decretos presidenciales emitidos en el sexenio pasado, en el que se reconocía el grave riesgo a la salud que representa su uso”, afirmó.
La coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afirmó que “tenemos evidencia científica, libre de conflicto de interés, del grave daño que ocasionan a la salud”, y recordó que debido a ello, países como Reino Unido han aplicado una prohibición absoluta a su consumo y comercialización.
Al respecto, Maximiliano Cárdenas, coordinador jurídico de Salud Justa, enfatizó que la resolución de la SCJN realiza un análisis de las actuales disposiciones, “pero sin tomar en cuenta el derecho a la salud consagrado en la Constitución”.
Pierde de vista, indicó, “el riesgo y el impacto que pueden generar estos nuevos productos, en particular en los niños, es decir, hace un test de proporcionalidad, los compara con el tabaco convencional, y se olvida del derecho a la salud”.
