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Los 11 consejeros del INE serán testigos de la tómbola que determinará cuáles serán las 818 plazas de jueces y magistrados que se someterán a votación el próximo año.
Así se estableció en el acuerdo que el Senado aprobó anoche para realizar mañana dos sorteos: uno para 443 cargos de magistrados de Circuito y otro para 375 jueces de Distrito.
Antes, el pleno avaló y envió a la Cámara de Diputados los dos decretos de reforma que integran la reforma secundaria al Poder Judicial.
Los morenistas se ajustaron a la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum para quitar el derecho a veto de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la conformación de los listados de candidatos mejor calificados, cambio que habían introducido el martes.
Lo que sí quedó firme es que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, no estará obligada a someter a la aprobación del Consejo General el nombramiento de funcionarios del instituto.
Los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) atestiguarán el sorteo de las 818 plazas de magistrados de Circuito y jueces de Distrito en 932 recintos de justicia, que realizará el Senado para determinar los juzgados y tribunales que serán sometidos a votación el próximo año, aunque 186 no tienen titular, por vacancia, renuncias y retiros programados.
Anoche, el pleno del Senado aprobó el acuerdo para las dos rondas de sorteo que realizará mañana, al concluir el proceso de reforma secundaria del Poder Judicial, en el que se impuso la visión original de la presidenta Claudia Sheinbaum para que ninguno de los tres Poderes de la Unión tenga derecho de veto en la conformación de los listados de candidatos mejor calificados para competir por un plaza de ministro, magistrado o juez.
Pero, a pesar de la alerta que el priista Manlio Fabio Beltrones hizo sobre lo peligroso que resulta que se anule de facto la colegiación en el INE, la mayoría oficialista aprobó que Guadalupe Taddei se convierta en la presidenta del INE con el mayor poder interno que haya existido desde que se instauró el antiguo Instituto Federal Electoral (IFE), que se transformó en el Instituto Nacional Electoral.
Guadalupe Taddei sólo estará obligada a someter a la aprobación del Consejo el nombramiento del secretario ejecutivo, pero ya no los nombramientos de directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del instituto y las demás que le confiera esta ley.
Creo que esto sí le pega al corazón del Instituto Nacional Electoral, le quitan la colegiación de las decisiones, de las direcciones generales y las unidades técnicas.
La colegiación es importante para garantizar la autonomía, evitar las tentaciones por parte de la presidencia, o presidente o presidenta del Instituto Nacional Electoral; le dejan solamente a la colegiación la facultad de nombrar al secretario ejecutivo”, alertó Beltrones Rivera, pero la mayoría oficialista lo ignoró.
Pero lo que sí hizo el oficialismo en el Senado fue recular en su decisión de que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial tuvieran poder de veto sobre los listados oficiales de candidatos a jueces federales que determinarán los Comités de Evaluación de cada uno de ellos.
Aunque desde la noche del lunes el panista Ricardo Anaya advirtió que esta decisión era inconstitucional, el morenismo lo ignoró, pero, ayer por la mañana, la Presidenta de la República expresó su desacuerdo y planteó que se mantuviera la redacción original de su iniciativa y la redacción apegada al texto constitucional.
Así, por la mañana, el vicecoordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, anunció desde la tribuna del Senado que Morena iba a retirar el derecho de veto y, por la noche, fue Javier Corral quien presentó la propuesta para retirar el derecho a veto e incluso hacer algunas precisiones a la redacción, para apegarse, de esa manera, al texto constitucional, tal como planteó la Presidenta.
Con 81 votos en favor y 40 en contra, después de 10 horas seis minutos de discusión, el pleno del Senado avaló los dos decretos de reforma que integran la legislación secundaria del Poder Judicial: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y, con 79 votos en favor y 39 en contra, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
La reforma ordena que, con la ayuda de instituciones como el SAT, los bancos y la Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal, el INE sea el responsable de impedir que el dinero del crimen organizado se utilice en las campañas para elegir a los juzgadores en el país.
Detalla que los nueve ministros que integrarán el pleno de la Corte; los dos magistrados electorales de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que no fueron nombrados por el Senado en el método anterior, y los cinco magistrados del naciente Tribunal de Disciplina Judicial se elegirán en modalidad nacional, es decir, todos los mexicanos con derecho a votar podrán decidir.
Los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito se elegirán con el criterio de Circuito Judicial, es decir, sólo los ciudadanos que vivan en cada entidad federativa que integre el circuito correspondiente podrán elegir a sus respectivos juzgadores.
Y los 15 integrantes de las cinco Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se elegirán por circunscripciones.
