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Si el Instituto Nacional Electoral (INE) declara la inconstitucionalidad e ilegalidad de la reciente reforma estatutaria en el PRI, todos los actos posteriores, incluido el proceso para la renovación -o relección- de la presidencia de este partido serán inválidos, señaló Carla Humphrey, integrante de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.
Lo primero que tenemos que analizar -dijo- es si dada la temporalidad, el partido político podía hacer o no cambios a los estatutos. La proyección la está haciendo la dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.
“Si eso se decide, que no es el tiempo, entonces no da lugar a entrar al estudio de fondo respecto a si son legales y constitucionales estos cambios. A la par, pues hay seis o siete juicios en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
Entonces, añadió Humphrey, lo primero es determinar si están o no los plazos para poder hacer estos cambios.
Lo segundo, es revisar si se siguieron todas las formalidades estatutarias para reformar los estatutos, es decir, si la convocatoria estuvo en tiempo y forma, si se enviaron los documentos a las personas que iban a participar en la asamblea, si los reglamentos se hicieron acordes con lo que dicen los estatutos, si se llevó a cabo con la participación de las y los militantes, es decir, si hubo quorum.
Y después de esto analizar el plazo, la forma y, en su caso, entrar al análisis de si estos son legales y constitucionales.
