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La reciente reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado una ola de jubilaciones anticipadas entre jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF). Más de 400 servidores públicos se han acercado al área de Recursos Humanos para iniciar el proceso de retiro, una cifra que se ha duplicado en comparación con años anteriores.
El punto de inflexión fue la aprobación de la reforma judicial, que contempla la elección de jueces y magistrados por voto popular, lo que generó incertidumbre y preocupación en muchos funcionarios. A medida que el debate avanzaba en el Congreso de la Unión, alrededor de 200 jueces ya habían solicitado su pensión complementaria por jubilación anticipada. Sin embargo, después del 11 de septiembre, cuando se oficializó la reforma, esta cifra ascendió a más de 400.
Según fuentes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el aumento de solicitudes de jubilación es significativo en comparación con años anteriores. El impacto de la reforma no solo ha afectado el ámbito laboral, sino que también ha hecho que el CJF modifique las condiciones de jubilación de los juzgadores.
Este lunes, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un nuevo acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal que reduce la edad mínima para la jubilación anticipada de 65 a 55 años. Esta modificación aplica a aquellos jueces y magistrados que hayan cumplido al menos 25 años de servicio. Con esta medida, se facilita el acceso a la pensión complementaria para un mayor número de servidores públicos.
El acuerdo actual establece que, dependiendo de la edad y los años de antigüedad, los servidores públicos podrán acceder a un porcentaje determinado de la pensión complementaria. A continuación, se desglosa cómo funciona este sistema:
- Edad entre 55 y 64 años: Acceso al 45% de la pensión complementaria.
- Ejemplo de cálculo: Un servidor público con 64 años de edad y 35 años de antigüedad tiene derecho al 78% de la pensión complementaria.
