REPORTERO1 
Históricamente, la selección de jueces y magistrados en el estado de Chihuahua ha estado salpicada de zozobras y reproches, sobre todo durante el sexenio duartista; pero quizá lo ocurrido esta legislatura lo supera.
En 2022, el Congreso Local aprobó una reforma que modificó el sistema de designación de magistrados y magistradas, para limitar de forma importante la participación del Poder Judicial y sustituir el sistema de la selección a través de concursos de oposición por un sistema de dedazos. La semana pasada en la Jucopo se pudieron observar las pésimas consecuencias de la reforma en las comparecencias de las ternas para cubrir las magistraturas vacantes.
Relataré lo ocurrido en la comparecencia de una aspirante a una Sala Civil, que hace unos años fue vinculada a proceso penal por delito de cohecho, relacionado con la nómina secreta del exgobernador César Duarte. De acuerdo con esa acusación judicial ella presuntamente recibió tres millones 457 mil 112 pesos y se le inició la causa penal 2821/2020. La exposición de esta aspirante en la comparecencia provocó pena ajena. Las diputadas y los diputados le realizaron preguntas técnicas, preguntas sobre su situación penal, y preguntas para lucirse (por parte del PRIAN); ni en esas últimas pudo demostrar capacidad argumentativa ni su experiencia como abogada.
“No tengo la respuesta, diputado, pero me comprometo a que la voy a estudiar y se la voy a venir a presentar”, respondió cuando le preguntaron qué era la malicia efectiva. Sobre la conjugación entre la materia civil y las leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, se acotó a decir: “ahora los tribunales se basan mucho en la cuestión los derechos humanos y me ceñiré a la interpretación de las leyes para dar una buena sentencia a los involucrados”. Después de afirmar que había jueces de consigna y luego retractarse, dijo: “disculpe, me expresé mal, es que estoy nerviosa”. A la obvia pregunta sobre cuáles eran los últimos asuntos civiles que había litigado, respondió que no tenía el dato. Y a cualquier otro cuestionamiento, por más simple que fuera respondía: “es muy importante la oxigenación y los nuevos bríos en el poder judicial”. Literalmente repitió esa frase seis ocasiones en la comparecencia.
Sin sustancia en su razonamiento, lo único que reiteraba la aspirante era la fortuna de que personas externas al poder judicial pudieron participar en la convocatoria. Lo cual resulta extraño, porque ya ha habido magistrados externos al poder judicial. En una de esas ocasiones mencionó: “incluso también que bueno que se les dé la oportunidad a los de carrera judicial”. Hay mucha lógica en su planteamiento, porque en realidad solo hay dos sopas: o eres externo o eres del poder judicial.
“Fui víctima de una percusión política donde la mano del poder ejecutivo estuvo metida al cien por ciento para tratar de adjudicarnos o vincularnos a ciertas acciones de las cuales yo no tenía ninguna cuestión”. Además de cantinflear, al parecer la traicionó el subconsciente y habló en plural, ¿a quién se refería? ¿a su amiga la Gobernadora?
Además de la mencionada aspirante, en las ternas hay una persona dirigente del PRI en la capital y otra militante de Movimiento Ciudadano.
Aun cuando los exámenes de oposición no resolvían completamente las corruptelas, sí promovían medianamente el servicio profesional de carrera, porque garantizaban que las personas candidatas tuvieran experiencia, además de evitar la elección de candidatos a partir de criterios políticos o por imposición por parte de los otros dos poderes.
La reforma regresiva del año pasado y casos como el relatado dan cuenta de que la intervención de los poderes políticos en los nombramientos de magistrados ha sido una herramienta para el intercambio de favores, que daña la independencia, y a la postre también perjudica a la eficiencia judicial y el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la justicia. Esto porque en ocasiones los magistrados designados no cuentan con las capacidades necesarias para desempeñar el cargo. Por situaciones como las ocurridas, la propia ONU ha emitido recomendaciones para que en las entidades federativas se “desarrollen concursos o exámenes de oposición, en los que se privilegie la aptitud, capacidad, profesionalización y excelencia de las personas que aspiran a ocupar tales cargos”.
Ante la convocatoria de las vacantes —que suma otros problemas como el incumplimiento de la paridad — se han presentado amparos que han suspendido las votaciones en el Pleno de las ternas de la segunda, cuarta y quinta Salas Penales. Además, está pendiente de resolución una acción de inconstitucionalidad presentada por Morena reclamando la invalidez de la reforma.
A pesar de ello, el PAN buscará que el resto de las magistraturas sean votadas esta semana, en detrimento de la independencia judicial y en beneficio de los favores políticos. Vale acotar que los currículos de los aspirantes que se registraron en la convocatoria no fueron transparentados ni hubo justificación de la conformación de las ternas. Las ternas irrisoriamente fueron conformadas en dos días: noventa y siete perfiles fueron “analizados” en ese plazo por parte de la Comisión Especial.
La aspirante a la que hice referencia, señaló que había representado a México en la ONU en la presentación de avances legislativos cuando fue diputada. Si su aptitud expositiva fue como en la comparecencia, vaya tristeza. Y es que si la Gobernadora y el PAN algo están haciendo no es “oxigenar”, sino asfixiar al poder judicial.
