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Las autoridades de la educación en Estados Unidos abrieron investigaciones sobre casos de antisemitismo e islamofobia en siete universidades muy prestigiosas, cuyos campus se vieron profundamente sacudidos por reacciones de estudiantes ante el conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamas.
El Departamento de Educación señaló en un comunicado de prensa que siete instituciones, incluido un grupo estudiantil en el estado de Kansas, son objeto de lo que constituye la primera tanda de investigaciones de este tipo que las autoridades educativas realizan desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamas, el 7 de octubre.
Cinco investigaciones se refieren a acusaciones de “acoso antisemita” y otras dos a “acoso islamófobo”, precisaron las autoridades.
“El odio no tiene cabida en nuestras universidades, punto”, afirmó el secretario de Educación, Miguel Cardona, en la nota de prensa.
Tres instituciones de élite de la costa este de Estados Unidos – las universidades de Columbia, Cornell y Pensilvania- están especialmente preocupadas por el asunto, subrayó el Departamento.
Cardona recordó que los establecimientos “deben actuar para garantizar entornos educativos seguros e inclusivos, donde todos sean libres de aprender”, y donde los estudiantes “estén protegidos del odio y la discriminación”.
A finales de octubre, la Casa Blanca ya había advertido sobre el “aumento alarmante de incidentes antisemitas en escuelas y campus universitarios” desde el 7 de octubre.
Tierra de activismo, los campus universitarios estadounidenses han sido objeto de numerosas controversias en torno al conflicto, incluso en la prestigiosa Harvard, donde un comunicado de prensa propalestino firmado por asociaciones de estudiantes provocó la indignación en líderes políticos, algunos de los cuales los acusaron de antisemitismo.
En la universidad de Columbia, dos asociaciones de estudiantes que pedían un alto el fuego en Gaza fueron suspendidas por la universidad, acusadas de haber pronunciado “discursos amenazantes e intimidaciones”.
Estas investigaciones de las autoridades, basadas en la legislación contra la discriminación adoptada durante el movimiento por los derechos civiles en los años 1960, pueden conducir al recorte de los subsidios federales recibidos por los establecimientos, o incluso derivar en una investigación penal.
