REPORTERO1 
El 51% de los mexicanos está a favor de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial consumada la semana pasada en el parlamento, según una encuesta de Enkoll para EL PAÍS y W Radio. La medida, una de las prioridades en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador en la recta final de su mandato, tiene a un 34% de los encuestados en contra y un último bloque del 15% que no tiene opinión al respecto.
El recorte de 15.280 millones de pesos a estos instrumentos financieros de la Judicatura ha concentrado la discusión política durante estos días. Los trabajadores del sector han protagonizado paros y protestas, además de anunciar una catarata de recursos de impugnación. Desde Morena han defendido, sin embargo, que el recorte no afectará a los trabajadores ya que, en su mayoría, eran gastos duplicados por otras partidas presupuestarias.
El presidente ha estado en la primera línea de defensa de la iniciativa, insistiendo en que va destinado a los “privilegios de los de arriba”. Ante el debate sobre los gastos del Poder Judicial, el 58% de los encuestados considera que “gasta más de los que debería”, por un 19% que opina que los presupuestos para el aparato de Justicia son justos y un 9% que estima que son “menos de lo que debería”.
Durante sus conferencias matutinas, el presidente ha criticado el gasto excesivo, a su juicio, de ministros y magistrados en el marco de su política de austeridad presupuestaria dentro de la Administración: “¿Por qué ganan 700.000 pesos mensuales?” “Que expliquen por qué ganan eso, ¿por qué, además del sueldo, tantas prestaciones?, ¿cuál es el trabajo tan excepcional, tan extraordinario que realizan?”
Ante la disyuntiva planteada de “mejorar la calidad de la impartición de justicia y la protección de los derechos establecidos en la Constitución” o “reducir el presupuesto y prestaciones de los Ministros, Magistrados y Jueces del Poder Judicial”, el 52% de los encuestados optó por la primera opción, mientras que el 39% se decantó por la segunda.
Un 30% de los encuestados opina que efectivamente se trata de un castigo. Mientras que un 56% considera que el motivo es “la austeridad para desaparecer los privilegios de ministros, magistrados y jueces”. La Suprema Corte ha estado en el ojo del huracán desde el nombramiento a principios de año de la nueva presidenta, Norma Piña. La valoración del máximo tribunal oscila entre un 62% de los que le tienen “poco o nada” de confianza; al 34% que declara que “mucha o algo”. Para cerrar con un 4% que prefirió no opinar.
Un 33% de los encuestados tiene una valoración “buena o muy buena” de Piña, por un 25% que la tiene “mala o muy mala”, un 12% que no responde, y un 30% respondió que no la conoce.
