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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha confirmado la sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) al Partido Revolucionario Institucional (PRI), consistente en una multa de 97.9 millones de pesos. Esta medida fue tomada debido a que el PRI recibió la cantidad de 39 millones de pesos provenientes de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua durante la administración de César Duarte.
La decisión fue tomada por mayoría de votos por parte de los magistrados, quienes ratificaron el oficio de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Según explicaron, la imposición de esta multa es justificada debido a las conductas indebidas realizadas por el partido, aun teniendo otras sanciones pendientes de pago.
Los magistrados subrayaron la importancia de que las sanciones tengan un efecto disuasivo para evitar incentivos contrarios al propósito buscado. De esta forma, el TEPJF reafirmó la necesidad de que las multas sean aplicadas con firmeza y coherencia para mantener el cumplimiento de las normas electorales.
Además, la Sala Superior del TEPJF determinó que no es viable retrotraer el cobro de las multas ya ejecutadas. Los recursos, al ser entregados a la hacienda pública federal, cuentan con un destino específico que no puede ser modificado por autoridad alguna, incluyendo la jurisdiccional.
Es relevante destacar que los 9 millones de pesos de los 97.9 millones de la multa fueron aplicados al PRI por haber acreditado el desvío de recursos en efectivo del presupuesto público del Estado de Chihuahua durante el año 2015. Estos recursos fueron entregados mes a mes al secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI, Pedro Mauli Romero Chávez, y fueron documentados por el INE mediante recibos firmados por el tesorero priista.
La investigación llevada a cabo por el INE comenzó en el año 2018 y se extendió durante cinco años, hasta llegar a la confirmación de la multa por parte del TEPJF. Este caso pone en evidencia la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el financiamiento de los partidos políticos, así como el combate a la corrupción en el ámbito político y electoral.
