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Unas mil 500 personas dejaron sus hogares en el oeste de Colombia debido a los combates entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo que se desataron desde el 21 de mayo.
Defensoría del Pueblo alertó de al menos 300 familias originarias del departamento de Chocó, la mayoría indígenas y afros de los municipios Nóvita y Sipí.
“Instamos al Estado a proteger y atender a la población. Recordamos a grupos su obligación de respetar derechos a la vida, integridad, y asistencia humanitaria para la población que no participa de las hostilidades”, indicó la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de su cuenta de Twitter @ONUHumanRights.
En el poder desde agosto, el presidente Gustavo Petro lanzó la llamada política de “Paz Total”, en un intento por resolver a través del diálogo el conflicto armado de casi seis décadas que deja nueve millones de víctimas, en su mayoría desplazados.
El primer izquierdista en gobernar Colombia anunció el 31 de diciembre un cese al fuego con las principales organizaciones ilegales, con miras a pactar la paz.
Pero el ELN rechazó la tregua antes de que se implementara, pese a que adelanta negociaciones de paz con voceros de Petro desde noviembre. Y, en marzo, el gobierno reanudó las operaciones ofensivas contra el Clan del Golfo, alegando ataques a militares y civiles por parte de la organización narcotraficante.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, advirtió que numerosas familias aún no han podido huir de la zona del Chocó y pidió a la fuerza pública proteger los bienes que los desplazados “debieron dejar abandonados”.
“Debido a la compleja situación que está a punto de desbordar la capacidad de los entidades locales, exhorto a las autoridades nacionales y departamentales a tomar las medidas pertinentes para mitigar las carencias humanitarias de las comunidades étnicas afectadas” añadió.
Las familias desplazadas se encuentran en albergues transitorios, de acuerdo a la entidad.
La guerrilla y el brazo armado del narco se disputan en Chocó las rutas del tráfico de cocaína, el combustible que mantiene viva la violencia tras el desarme de la otrora guerrilla de las FARC en 2017.
En marzo de 2023, el Comité Internacional de la Cruz Roja alertó que la situación humanitaria en Colombia empeoró en 2022 por quinto año consecutivo.
Ese año se detectaron más de 58 mil desplazamientos forzados y 515 víctimas por artefactos explosivos.
