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El asesinato de cuatro adolescentes indígenas en el sur de Colombia supone un nuevo obstáculo para el objetivo de “paz total” que persigue el gobierno de Gustavo Petro.
Los jóvenes fueron reclutados forzosamente por las disidencias de la guerrilla de las FARC en su propio territorio y luego, a pesar de que ellos mismos lograron escapar, acabaron perdiendo la vida.
La masacre en la que fueron asesinados ocurrió el pasado 17 de mayo en el departamento del Putumayo. El hecho fue denunciado tres días después por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) en redes sociales.
El gobierno colombiano confirmó la noticia y el presidente Gustavo Petro convocó un consejo de seguridad extraordinario en el que se tomó la decisión de suspender parcialmente el cese al fuego con las disidencias de FARC (que es como se le conoce a la fracción que no se acogió al acuerdo de paz firmado en 2016 y bajo el cual esa guerrilla entregó las armas), con quienes la administración de Petro adelanta negociaciones como parte de su proyecto “paz total”.
Luego del anuncio del mandatario, el grupo armado dijo en un comunicado que “el rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total”.
La OPIAC denunció que la masacre fue perpetrada con armas de fuego e identificó como autores al Frente Carolina Ramirez EMC-FARC.
Aunque la organización pudo establecer la identidad de uno de los jóvenes y constatar que hacía parte de una comunidad del resguardo inígena Predio Putumayo, “de los demás jóvenes no tenemos la información aún sobre la comunidad a la que pertenecen, pero sabemos que son de la zona y del pueblo Muri”, explicó a BBC Mundo Oscar Daza, coordinador de derechos humanos de la OPIAC.
La oficina del Alto Comisionado para la Paz publicó un comunicado en el que rechaza enfáticamente los hechos y recuerda que, según la ley internacional, el reclutamiento de menores constituye un crimen de guerra.
El presidente Petro, por su parte, publicó en su Twitter el comunicado con la decisión de suspender el cese al fuego en los departamentos Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo que corresponden a una parte del territorio acordado con las disidencias y calificó la masacre como un hecho atroz, “que cuestiona la voluntad de construir un país en paz”.
“No hay justificación alguna para esta clase de crímenes”, se lee en el comunicado.
El gobierno de Colombia adelanta un proceso de diálogo con las disidencia de las FARC, que se calcula tiene unos 3.200 integrantes con presencia en 16 departamentos.,
Como parte de ese proceso se espera que sea instalada una mesa de diálogo que será itinerante por diferentes zonas de Colombia, aunque aún no hay una fecha de inicio clara.
Pero ese proceso ha enfrentado fricciones. Tanto el Ejército Nacional como las disidencias han acusado a sus contrapartes de no respetar el cese al fuego completamente.
Lo cierto es que luego de la masacre de los cuatro menores de edad, se hizo oficial el rompimiento unilateral por parte del gobierno en al menos cuatro departamentos del sur del país, en donde retomarán las operaciones ofensivas.
En el comunicado de la presidencia también quedó claro que la mesa de diálogos continua y que se espera allí discutir “el fortalecimiento del cese de hostilidades con carácter territorial”.
