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El Gobierno de Brasil ha concretado su primera gran propuesta económica este jueves, cuando está a punto de cumplir tres meses en el poder. La llamada regla fiscal es un plan que pretende sanear las cuentas públicas al imponer que el gasto público solo pueda aumentar cada año un 70% del incremento de la recaudación. Acabar con el techo de gasto implantado en cuanto el Partido de los Trabajadores fue desalojado del poder, en 2016, era una de las promesas electorales del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. La propuesta, que irá ahora al Congreso, ha sido presentada horas después de que el expresidente Jair Bolsonaro pisara territorio brasileño por primera vez desde que perdió el poder y de que Lula reapareciera en público tras una neumonía.
El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, del PT y muy cercano a Lula, ha sido el encargado de detallar la propuesta al Senado este jueves tras varios aplazamientos que estaban impacientando a los mercados. La regla fiscal, ha explicado, pretende “dar seguridad no solo al empresario que quiere invertir sino también a las familias que necesitan servicios públicos en educación, sanidad o cuestiones sociales”. Brasil es uno de los países más desiguales del mundo. Haddad ha advertido de que “no hay una bala de plata. Esto es un plan de vuelo para afrontar los problemas”.
Los mercados en Brasil fluctuaron hacia arriba y abajo conforme fueron filtrándose partes de la propuesta a lo largo de la mañana hasta la presentación oficial al Senado. Sin embargo, no hubo una reacción significativa en el mercado global de bonos brasileños. “Esto es porque todavía queda mucho por saber”, explica William Jackson, economista jefe para mercados emergentes en Capital Economics, en Reino Unido. “No hemos visto los detalles del programa, no sabemos cómo será alterado en el Congreso e, incluso más importante, esta regla fiscal está reemplazando una regla fiscal mucho más fuerte”.
Bolsonaro, que llegó al Gobierno en 2019 con la promesa de adelgazar el Estado, se saltó el techo de gasto, que impedía aumentar las inversiones públicas por encima de la inflación del año anterior. Lo aparcó inicialmente ante la emergencia generada por la pandemia y para financiar uno de los programas de ayudas covid más generosos del mundo. Y, al final de su mandato, logró de nuevo apoyo parlamentario para romper el techo de gasto pero esta vez por descarados intereses electoralistas. Pese al chorro de dinero, perdió la elección en octubre.
El objetivo de la propuesta del equipo de Lula es mejorar gradualmente las cuentas fiscales del Ejecutivo y pasar de un déficit primario de -0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) a un superávit de 1% del PIB en 2026. “Si bien muestra buenas intenciones, la propuesta aún no presenta los parámetros económicos asumidos en las proyecciones necesarias para evaluar la credibilidad de la propuesta”, explica Luciano Rostagno, estratega de mercados en Banco Mizuho de Brasil. “Además, dependiendo de las condiciones económicas, sería necesario un mayor superávit presupuestario primario para estabilizar la deuda”.
Rostagno destaca que, aunque pareciera que el Gobierno cuenta en gran medida con los ingresos fiscales para alcanzar los objetivos, las bajas expectativas de crecimiento económico pudieran dificultar el aumento de la recaudación “dado que el legislador promedio actual en el Congreso es de centro derecha. En pocas palabras: la propuesta no parece lo suficientemente sólida como para volver a colocar las cuentas del Gobierno en una trayectoria sostenible, ya que no aborda el aumento del gasto obligatorio, pero al menos reduce el riesgo de escenarios más extremos”.
El porcentaje de gasto comprometido en los presupuestos brasileños es enorme (del 93,7% en la actualidad) y, por tanto, el margen de maniobra de los gobernantes, ínfimo. Y la deuda pública ronda el 77%.
El arranque del Gobierno Lula está bastante lastrado por lo ajustado de su victoria, porque está sufriendo notablemente para formar una mayoría parlamentaria que aún no ha logrado y porque la economía sigue bastante apática. El Banco Central ha aumentado la previsión de crecimiento anual del 1% al 1,2% y de inflación del 5% al 5,8%. Mientras, mantiene las tasas de interés al 13,75% pese a las enormes presiones gubernamentales para que abarate el dinero y reactivar así tanto el consumo como las inversiones.
El ministro de Hacienda ha insistido al presentar la regla fiscal: “Si quien no paga impuestos pasa a pagar, todos pagaremos menos tipos de interés”. Sin entrar en detalles, Haddad ha dicho que su receta para aumentar la recaudación no es subir los impuestos sino “acabar con una serie de abusos” perpetrados por grandes empresas y “sectores que obtienen beneficios indebidos o fraudulentos hace décadas”.
El Ejecutivo, que lidera el izquierdista Lula pero incluye ministros situados en el centro derecha y la derecha, pretende presentar en unos meses una reforma tributaria que, en principio, se centrará en uniformizar el enjambre de impuestos al consumo, que penalizan de manera desproporcionada e injusta a los más pobres.
