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El proceso penal en contra de Francisco González Arredondo, exfiscal anticorrupción de Chihuahua acusado de presunta tortura psicológica a quienes fueron funcionarios del exgobernador César Duarte (2010-2016), deberá ser atraído por un juez federal.
Ayer, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito determinó que había un conflicto competencial y que el caso no debe permanecer en el ámbito local, sino pasar a instancias federales.
Los magistrados determinaron que la jueza local Hortencia García no tenía argumentos para que el proceso se quedara en el fuero común, pues la Fiscalía General de la República (FGR) ya había solicitado la atracción y sus motivos no son “debatibles”.
Con ello, la FGR deberá continuar con la investigación y quien deberá resolver sobre el caso será el juzgado del Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua.
La defensa del exfiscal González Arredondo buscaba que el proceso pasara a instancias federales porque considera que la jueza local estaba actuando con “inconsistencias” que perjudicaban al exfuncionario.
González Arredondo fue detenido en noviembre pasado acusado de presuntamente torturar psicológicamente a exfuncionarios del priista César Duarte, quien actualmente enfrenta un proceso penal por peculado. El exgobernador es acusado de desviar 96.6 millones de pesos de las arcas del estado para favorecer a dos empresas de las que era socio.
La defensa de González Arredondo cuestiona el sustento de la acusación de presunta tortura psicolígica, mientras políticos de partidos como el PAN, Morena y MC señalan que la detención es parte de “una venganza política” promovida por la actual gobernadora de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos, derivada de las investigaciones que encabezó el exfiscal.
Durante el tiempo que fungió como fiscal anticorrupción de Chihuahua, González Arredondo dirigió indagatorias por presuntos actos de corrupción en la administración de Duarte. Dentro de ese camino, algunas de las figuras públicas investigadas fueron la hoy gobernadora e integrantes de su equipo, a quienes se ubicó como parte de la llamada “nómina secreta” de Duarte, un esquema en el que el exgobernador presuntamente daba sobornos a funcionarios y legisladores locales.
