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Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad mexicano juzgado en Nueva York por narcotráfico y recientemente declarado culpable por el jurado, enfrenta además en Miami una demanda civil por lavado de fondos “robados” con la que México pretende recuperar unos 700 millones de dólares.
Esa cantidad es la mencionada por el Gobierno de México, pero en la demanda tan solo se dice que la cantidad a recuperar es superior a 250 millones de dólares, según una escala establecida.
La demanda interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano en 2021 ante los tribunales del condado de Miami-Dade incluye a la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, como “participante principal” de una “compleja” red que usó al menos 40 empresas y fideicomisos para sus propósitos.
Esta acción legal está oficialmente “inactiva” desde diciembre pasado debido a una apelación aun no resuelta y es independiente de la causa penal en los tribunales federales de Nueva York contra García Luna (2006-2012) por cuatro cargos de narcotráfico y uno migratorio.
En esta otra causa civil en Miami el exsecretario de Seguridad durante el sexenio del presidente Felipe Calderón está acusado de liderar una trama que “robó” fondos del Gobierno de México por medio de “contrataciones ilícitas” y luego “blanqueó esos fondos robados en Estados Unidos y otros lugares”.
En concreto, mientras fue secretario de Seguridad, e incluso de después de dejar el cargo, García Luna contó con “una extensa red de socios” a través de la cual obtuvo contratos de varias entidades y agencias del gobierno mexicano “por cientos de millones de dólares”, según la demanda.
En la demanda se especifica que la cantidad a recuperar es a partir de 250 millones de dólares, según una escala establecida por la justicia, pero desde México el Gobierno ha dicho que son 700 millones.
Además del matrimonio García Luna están demandados en Miami seis de esos socios como presuntos lavadores del dinero robado principalmente mediante la compra de inmuebles y artículos de lujo en Florida.
El escrito judicial señala que cada uno de los participantes de esta trama que operó por lo menos hasta 2018 tenía un rol específico.
La acusación dice que García Luna era el “arquitecto principal” y coordinó y autorizó “los contratos ilegales celebrados por las agencias de seguridad mexicanas” valiéndose “del soborno, la manipulación de ofertas y/o la corrupción”.
Su esposa Linda Cristina Pereyra, de acuerdo con la UIF, participó de forma “activa” en esta trama al encargarse de las operaciones diarias de la gestión de un dinero, que “sabía que le había sido robado al gobierno de México”, por medio de una serie de empresas en Estados Unidos y “para adquirir múltiples bienes inmuebles en Florida”, muchos de ellos ubicados en el condado de Miami-Dade.
