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La bancada de Morena en el Congreso del Estado, presentó una proposición para que la Comisión de Fiscalización, proponga a la Auditoría Superior del Estado que se incorpore a la Secretaría de Seguridad Pública dentro de su Programa Anual de Auditorías, y se recomiende que se revisen los contratos celebrados con la empresa SeguriTech Privada S.A. de C.V.
Sin embargo, tras una larga discusión, los diputados del PAN y PRI de la Mesa Directiva, manifestaron malestar e incomodidad, de que el tema sea expuesto en sesión permanente, al argumentar que “no son las formas”, porque la iniciadora es la presidenta de la Comisión de Fiscalización, también acusaron que “es un tema de seguridad que no se debe politizar”.
La diputada Leticia Ortega Maynez, presidenta de la Comisión de Fiscalización, expuso que la gobernadora María Eugenia Campos Galván anunció la plataforma y la torre centinela en Ciudad Juarez, un edificio de 20 pisos, donde se supervisarán las operaciones de los Subcentros instalados en municipios estratégicamente elegidos, tendría un costo de 200 millones de dólares.
Recordó que el 25 de marzo del 2022, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado clasificó como reservada la información “referente a los procedimientos de adquisición de los insumos, bienes y tecnología necesarios para el desarrollo, implementación y funcionamiento de la Plataforma Centinela”, por un plazo máximo de cinco años, con la justificación de que compromete la seguridad pública y puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física.
La diputada recordó que también se dio a conocer que el proyecto se adjudicó de manera directa a la empresa SeguriTech Privada S.A. de C.V., noticia que llamó la atención e incluso alarmó a las y los chihuahuenses por los malos antecedentes que tiene en varios estados del país, por ausencia de transparencia, precios inflados, deficiencias en el equipo, carecer de información básica, falla en las fechas de entrega, carencia de mantenimiento, entre otras irregularidades.
Mencionó varios casos en Baja California, Sinaloa, Guerrero, Guanajuato, Estado de México y la Ciudad de México, donde esta empresa tiene serias denuncias, mismos que han sido expuestos en medios nacionales y locales en las entidades afectadas.
En este sentido, la legisladora mencionó que se ha realizado la búsqueda de datos generales del contrato en la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual por ley debe estar actualizada cada tres meses, y se han generado solicitudes de información directamente a la Secretaría de Seguridad Pública, sin obtener respuesta o recibiendo puras evasivas.
