REPORTERO1 
La opinión de Benjamín Carrera.- Para sorpresa de más de una persona, en fechas recientes se dio a conocer a través de uno de los principales medios de circulación estatal que la Dirección Estatal de Profesiones implementaría una medida que se antoja como broma: En próximas fechas se realizarán recorridos al interior de centros de trabajo para verificar que quienes se ostenten como profesionistas, cuenten con cédula profesional estatal; incluso se menciona que, de no estar en este supuesto, se verán imposibilitados para cobrar sus honorarios y se dará vista al Ministerio Público por incurrir supuestamente en un delito sancionable con una pena de dos a seis años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa.
Esta medida de inicio suena a ilegal en cuanto a la privación del sueldo de las personas trabajadoras mientras que, por otra parte habría que explorar lo que contempla el Código Penal del Estado respecto al delito de usurpación de profesiones, que se orienta precisamente a sancionar y prevenir que personas SIN ESTUDIOS se ostenten como profesionales en algún área, por lo que sería como tratar de equiparar el no haber realizado un trámite burocrático a nivel estatal -con un costo que ronda hasta cerca de los 800 pesos- con una punible con multa e incluso con la privación de la libertad.
Y como debe ya a estas alturas saber, aquí no se promueve la ilegalidad ni estamos a favor de quienes infringen la ley, muchísimo menos cuando estas conductas provienen de la propia administración estatal y como también debe saber, optamos por proponer y no sólo criticar por lo que la vía sería la regularización de las y los profesionistas a través de diversas facilidades en las que se tome en cuenta en un primer término, la realidad de las personas egresadas en el estado. Cabe señalar que no sólo se debe optar por la sanción a las personas sino a la par, actuar en contra de aquellas instituciones que operen en el estado y que con el sólo cambio de denominación dejan a un número considerable de egresados sin títulos oficiales y con pocas alternativas de reclamar la emisión de sus documentos.
Quizá y sobre todo de manera más importante, es necesario voltear a ver las obligaciones del estado, que de acuerdo con la propia legislación, debe integrar y actualizar un Registro Público de Profesiones con la información relativa a títulos profesionales, diplomas y grados académicos de diversos tipos y en los diferentes niveles y denominaciones que sean expedidos por las autoridades o instituciones del Sistema Educativo Nacional, local o de otros estados de la república o de la Ciudad de México. De cumplir el estado con esta obligación, esta persecución no tendría cabida.
Finalmente, no me gustaría que pase desapercibido el desatino en cuanto esta medida, no porque nos queramos cegar ante el grave problema que existe en la prestación de servicios que poco tienen de profesionales y que efectivamente representan una usurpación de profesiones, sino por el hecho de que, este tipo de acciones parecieran vincularse más con la intolerancia que con la mejora regulatoria.
