REPORTERO1 
El historiador Pedro Salmerón, quien no pudo ser embajador de Panamá por las acusaciones de acoso sexual en su contra, demandó a 29 personas, entre ellas universidades, políticos, analistas, periodistas y legisladores, a quienes acusa de daño moral y pide una indemnización de 12 millones de pesos.
De acuerdo con la vicecoordinadora de los senadores del PAN y una de las denunciadas, Kenia López, Pedro Salmerón lo que debería de estar haciendo es una reflexión ética de su comportamiento y rectifique.
“Uno de los más claros ejemplos de impunidad, es Pedro Salmerón, el historiador que fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la embajada de Panamá y que fue acusado por varias alumnas de acoso sexual, hoy ese señor tan impresentable, nos ha demandado a 29 personas incluidas universidades, legisladores, periodistas, comunicadores, periodistas y analistas políticos por un supuesto daño moral y nos reclama la cantidad de 12 millones de pesos”, informó Kenia López.
Dijo que la pretensión de Salmerón es que sus acusaciones de acoso, “no solo lo dejen impune, sino lo vuelvan millonario, la verdad es que es un descarado”, señaló.
Condenó que quien pretendía ser embajador en Panamá ahora inicie un litigio en contra de quienes “levantamos la voz en contra de la violencia que este señor ejercía y luchamos porque personas como él estén lejos de los cargos públicos, que evidentemente les generará no solamente dinero sino además, impunidad”.
Ante ello, mandó un mensaje al historiador en el que asegura que “su infundada demanda será contestada porque el gobierno federal debe dejar de encubrir a violentadores de mujeres”.
Hay que destacar que los dichos de los legisladores en tribuna no pueden ser impugnados ni demandados tal como lo establece el principio de inviolabilidad parlamentaria, que se refiere a la prerrogativa personal de los senadores y diputados para expresarse en su actividad parlamentaria con plena libertad a fin de que en sus intervenciones, escritos y votos, como legisladores, no estén sujetos a censura o posible persecución penal. Esta garantía protege a éstos de posibles delitos de honor (injuria, calumnia, difamación) que pudieran adjudicárseles por la expresión de sus ideas.
