La Opinión de Benjamín Carrera.- Ante las recientes notas que señalan un inminente aumento a la tarifa de transporte en el estado de Chihuahua, vemos necesario hacer un pronunciamiento terminantemente en contra de la manera en la que se busca, de nueva cuenta, tomar decisiones que perjudican a las familias chihuahuenses.
El recién llevado a cabo replaqueo, las modificaciones en las tablas de valores que impactarán en el monto a pagar por Predial y las obligaciones como el pago de revalidación son sólo algunos de los golpes a la economía familiar que la actual administración parece no tomar en cuenta, a lo que se suma lo que se prevé como una decisión desconsiderada, sobre todo cuando las y los chihuahuenses gastan hasta el 20% de su ingreso en transporte, de acuerdo con el Índice de Movilidad Urbana del IMCO.
Nuestra postura no es desinformada: parte de las propias condiciones que actualmente presentan las unidades de transporte, las constantes fallas y vicios que históricamente se han presentado en cuanto a la prestación del servicio, cuestiones que bajo ninguna óptica, justifican un aumento.
Sabemos que, de igual forma, las condiciones son adversas para las personas transportistas, sin embargo, debemos preponderar la calidad en el servicio y orientar acciones a las y los usuarios, que son quienes finalmente pagan esperando recibir cuando menos, unidades en buen estado y puntualidad en el servicio.
Es por lo anterior que consideramos una importante área de oportunidad el proponer que se reincorpore la presencia de legisladores en los Consejos Consultivos de Transporte, órganos colegiados que se encargan de tomar la determinación respecto a montos de tarifas de transporte entre otros, pero además la presencia de organizaciones de la sociedad civil para de esta manera, tener una verdadera representación y participación ciudadana. A la par, se busca conminar a las autoridades correspondientes a instalar los respectivos consejos en las zonas en las que, hasta el momento no se ha hecho, a fin de conocer la opinión de todas las regiones del estado.
La participación ciudadana debe ir de la mano de quienes fungen como tomadores de decisiones, lo cual no riñe con el hecho de que, la representación de la ciudadanía a través de las y los legisladores electos es beneficiosa para colaborar en este proceso.
Si bien, encontramos que actualmente de acuerdo con la Ley Estatal de Transporte, se prevé la representación del Legislativo en el Comité Técnico de Transporte, cabe señalar que este órgano colegiado ejerce atribuciones tan sólo en cuanto al fondo de movilidad, dejando fuera cuestiones operativas que impactan de manera directa en las y los ciudadanos y que se analizan en las sesiones de los Consejos Consultivos.
Reafirmamos entonces nuestro compromiso con la defensa de los intereses ciudadanos, pugnando por la toma de decisiones consensuada en torno al cobro de tarifas y otros aspectos de relevancia en cuanto a operatividad del servicio de transporte público y aquellos servicios que satisfacen las principales necesidades de la población.