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La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por el delito de ataque a vías de comunicación por el desplome del helicóptero en el que viajaba el Secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, provocando su muerte y la de cuatro personas más el pasado 17 de noviembre.
No obstante, la dependencia aclaró que hasta el momento y tras los primeros peritajes realizados a la aeronave siniestrada, “no se han encontrado vestigios de algún impacto producido por arma de fuego en los restos de la aeronave” siniestrada en el municipio de Jesús María en Aguascalientes.
La FGR respondió así a la versión de un testigo que afirma haber visto a un grupo de seis a siete motociclistas disparando contra la aeronave “Águila 1” y que uno de los proyectiles habría impactado en una hélice, derribando al helicóptero del gobierno de Aguascalientes.
El mismo testigo aseguró que los hechos se habrían originado en la comunidad de San Antonio de Los Horcones en el ayuntamiento de Jesús María, donde previamente se habría realizado un operativo.
Sin embargo, el gobierno estatal desmintió los hechos y atribuyó la presencia de elementos armados en la zona a un operativo de “blindaje” que el propio gobierno de Aguascalientes preparaba en la frontera de la entidad con Jalisco y Zacatecas, lugar a donde se dirigía el fallecido ex funcionario con su comitiva de seguridad.
A través de un comunicado, la FGR explicó que su delegación en Aguascalientes abrió una carpeta de investigación “inmediatamente después de que ocurrió el accidente aéreo del helicóptero” propiedad del gobierno de esa entidad para indagar los posibles delitos que se pudieron haber cometido conforme a lo que marca el Código Penal Federal (CPF), señalando que una de las hipótesis que se indagan es “el uso de explosivos o materias incendiarias” que pudieran haber provocado la destrucción de la aeronave.
