REPORTERO1 
San Ignacio Arareco, Bocoyna.- El pasado 23 de septiembre del 2021, la regidora María Elena Villalobos Montes, del Partido Acción Nacional, sacó de su domicilio, ubicado en el ejido San Ignacio Arareco, a una persona -cuyo nombre se protege para evitar represalias en su contra-, amarrado del cuello con una cuerda, lo subió a una camioneta con rumbo desconocido, donde lo dejó con un grupo de individuos que golpearon a la víctima. Se interpuso una denuncia en ese año, pero a la fecha, la edil sigue en funciones sin que las autoridades hayan procedido en su contra.
Los familiares del afectado, en entrevista con este medio, indicaron que al parecer la regidora panista, María Elena Villalobos Montes, está protegida por el presidente municipal de Bocoyna, de extracción panista, Macario Hermosillo Pompa, pues, según expresaron, no recibieron el apoyo del ministerio público, César Torres Fierro ni del fiscal de distrito, zona occidente, Edgar Chaparro Venzor, pues no se realizaron acciones legales en contra de la regidora, a pesar de contar con pruebas como un vídeo donde se aprecia cómo la edil, junto con otras personas, sube a la víctima a una camioneta de color negro. Tampoco fueron suficientes para el juez de la zona que la víctima y familiares de ésta afirmaran en su denuncia que fueron amenazados de muerte por la funcionaria pública y es que, comentaron los denunciantes, al final del proceso todo quedó en un mero asunto local debido a que dichas acciones fueron consecuencia de meros “usos y costumbres”, pues tanto la agresora como el hombre que fue víctima del supuesto secuestro son de la etnia rarámuri.
Asimismo, comentaron los quejosos que el hombre que padeció el ataque de la edil fue amarrado del cuello y subido a la fuerza a una camioneta con rumbo desconocido. Según consta en la denuncia (cuyas fotos están en nuestra página), la víctima fue golpeada supuestamente por “sicarios”, sin embargo, el joven pudo escapar. También en la denuncia consta que la regidora en funciones (período del 2021 al 2024) amenazó de muerte a los familiares de la víctima.
De igual manera, indicaron que se sienten vulnerados en sus derechos pues la fiscalía no procedió contra la regidora, pero además, tampoco fue removida de su cargo y que, a pesar de que los hechos fueron difundidos a nivel nacional por medios de comunicación, a nivel local, no sucedió nada y la edil continúa actuando de manera impune, pues, aseguran, se ha apoderado de una tienda Diconsa, ubicada en el ejido San Juan de Arareco, donde se vende cerveza a cualquier hora del día y noche. Cabe señalar que Diconsa es una empresa de participación estatal mayoritaria que pertenece al Sector Desarrollo Social. La Entidad está agrupada en el sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social (“SEDESOL”), a través de la cual, el Gobierno Federal es propietario de todas menos una de las acciones que forman su capital social, por lo cual, ningún ciudadano puede apropiarse de dicha empresa y mucho menos hacer venta clandestina de bebidas alcohólicas.
