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Un juez de distrito concedió a Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, una suspensión provisional contra la vinculación a proceso que se le dictó por tortura, delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada de personas en el caso Ayotzinapa.
Se trata del amparo 771/2022, radicado en el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que dio 48 horas al juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para que rinda su informe justificado del caso.
De esta manera, el juez de distrito ha puesto una pausa al proceso contra el exprocurador, en tanto se revisa si el actuar del juez del caso sobre la vinculación a proceso siguió el procedimiento adecuado. Esto será revisado el 28 de septiembre en una audiencia incidental.
Desde el 20 de agosto, Murillo Karam se quedó en prisión luego de que, en una audiencia, el juez Fuerte Tapia consideró que la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra el exprocurador evitaría riesgos procesales argumentados por los fiscales, por ejemplo, que pueda sustraerse de la justicia por su capacidad económica y relaciones.
La vinculación ocurrió pese a que la defensa pidió al juez desestimar las pruebas que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) para imputarlo.
Exactamente un mes después de su detención, la defensa de Murillo Karam presentó el amparo contra la vinculación a proceso. En este caso, el juez citó ya a las partes a una audiencia constitucional programada para el próximo 11 de octubre.
En la determinación publicada hoy, el Juzgado de Distrito ordenó hacer saber al juez del Reclusorio Norte que “deberá suspender el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la etapa de intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el presente juicio de amparo”.
Además, advirtió de la existencia de diversos juicios de amparo promovidos por el exprocurador, por lo que pidió a los diversos juzgados federales que hayan recibido los recursos que permitan la vinculación de sus respectivos expedientes con este amparo.
Uno de estos asuntos es el amparo 789/2022, tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y presentado el 20 de agosto por la defensa del exprocurador, que acusó una “detención ilegal”.
En ese recurso, el juzgado informó desde el 22 de agosto que concedía la suspensión “para el efecto de que cesen los actos de incomunicación que reclama, así como cualquier otro de los prohibidos por los numerales 22 de la Carta Magna (…) en el entendido que de encontrarse … sujeto a un procedimiento, sea de naturaleza penal, o de cualquier otro tipo, lo anterior no trae consigo que deba dejarse en libertad, pero de ser el caso deberá ponérsele inmediatamente a disposición de la autoridad competente”.
En 2014, el entonces presidente Enrique Peña Nieto encargó a Murillo Karam las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa junto a Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, quien permanece en Israel ante las acusaciones en su contra por tortura a testigos en el caso Ayotzinapa.
En enero de 2015, el exprocurador ofreció una conferencia en la que, por primera vez, acuñó la llamada “verdad histórica” sobre los hechos, basada principalmente en las declaraciones de presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, señalado por la desaparición de los estudiantes.
Murillo Karam aseguró que los estudiantes fueron detenidos por policías municipales de Cocula para después ser entregados a Guerreros Unidos, presuntamente en complicidad con el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda.
A raíz de esto, informó Murillo Karam, los normalistas fueron privados de la libertad, asesinados e incinerados en el basurero municipal de Cocula para posteriormente ser arrojados al Río San Juan.
Derivado de lo anterior, a casi ocho años de lo ocurrido, el juez de control del Reclusorio Norte emitió una orden de aprehensión contra Murillo Karam, debido a sus declaraciones en diversas conferencias de prensa y por ser el máximo responsable de la investigación. Fue detenido, puesto a disposición del juez y vinculado a proceso.
