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Ciudad Juárez.- Integrantes de las Comisiones Edilicias de Gobernación y de Seguridad Pública, analizaron este día el modelo del Sistema de Justicia Cívica para infractores al Bando de Policía y Buen Gobierno que se aplica desde agosto del año pasado.
En sesión extraordinaria convocada en forma conjunta, coordinada por el regidor Antonio Domínguez Alderete, el director del Sistema de Justicia Cívica, Jorge Salomé Bissuet Galarza, expuso la estructura del modelo de Justicia, sus objetivos y las necesidades de abrogar el Reglamento de Justicia Cívica, Policía y Buen Gobierno y generar uno nuevo cuya propuesta les será presentada la próxima semana.
En la reunión participaron Marco García de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Ángela Sánchez del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC), además de la regidora Mireya Porras Armendáriz, coordinadora de la Comisión Edilicia de Seguridad, los regidores Jorge Gutiérrez Casas, Enrique Torres Valadez y Amparo Beltrán.
Bissuet Galarza y Marco García abordaron en la exposición las modificaciones al Reglamento de Justicia Cívica, Policía y Buen Gobierno del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua que se requieren y que dan forma a un nuevo reglamento.
“Se tienen identificados cuales son los puntos donde se tiene que trabajar. En el tema de adolescentes, el reglamento nos lo deja limitados, en 3 o 4 artículos para regularlos cuando por la materia y derechos de las niñas, niños y adolescentes, merecen un tratamiento aparte. Viene contemplado incluso el arresto para el adolescente que incurre en excesos e infringe los derechos”, dijo Bissuet.
Señaló que también hay puntos que limitan la aplicación del modelo para los que se generaron soluciones que están incluidos en la propuesta que se entregará a las y los regidores.
Explicó que desde agosto del año pasado, mediante el modelo de Justicia Cívica han sido atendidas en audiencia ante juez cívico 8,798 personas, de las que 276 presentaron Recurso de Inconformidad al no estar de acuerdo con situaciones como la generación de una boleta de infracción que les aplicaron por omitir luz roja, altos, exceso de velocidad o falta de documentos.
“No es a discreción la cancelación de infracciones, se contempla en el reglamento que se puede cancelar y sobre las pruebas que aporte el ciudadano”, indicó.
En audiencias y por acuerdo en los que el ciudadano se defendió, se cancelaron 5,422 infracciones y 3,100 personas fueron atendidas en el rubro de información general.
Mediante este modelo han ingresado a separos 1,491 personas de las que 1,301 son mujeres y 190 hombres; de ellos 708 cumplieron arrestos que les fueron impuestos como sanción a su conducta; 178 pagaron multas; 146 fueron amonestados; 140 puestos en libertad; 316 conmutaron su sanción por trabajo comunitario o medidas para la convivencia cotidiana; dos fueron canalizados a trabajo social de la Policía Municipal y uno consignado al Ministerio Público estatal.
En el Departamento de Mediación y Conciliación se efectuaron 188 audiencias, de las cuales se dieron 177 convenios, se radicaron 504 quejas y se brindaron 1,377 atenciones al público. El total de audiencias celebradas fue de 3,368.
Marco García, de USAID, explicó que Justicia Cívica es un procedimiento que busca establecer un criterio general donde la audiencia pública se constituye en un espacio de defensa del ciudadano ante una acusación de la autoridad que puede ser una multa o una infracción por conducta y siempre privilegiando la presunción de inocencia.
