REPORTERO1 
El Estado aprueba una nueva ley en línea con el criterio de la Suprema Corte y se convierte en la séptima entidad de México en no perseguir la interrupción voluntaria del embarazo.
La lucha de las mexicanas por los derechos reproductivos ha ganado este 8 de marzo una nueva batalla. El Congreso del Estado de Sinaloa ha aprobado la despenalización del aborto hasta las 13 semanas de gestación. Con esta ley que permite la interrupción del embarazo en consonancia con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fijado en una sentencia histórica el pasado septiembre, Sinaloa se suma a las otras seis entidades del país que no persiguen en los tribunales, al menos durante los primeros tres meses, a las mujeres que deciden abortar.
Los Estados que ya cuentan con este derecho son aún minoría, siete de los 32 territorios de la federación, pero la votación celebrada la tarde de este martes en Culiacán es un paso más. “Nunca más una mujer en la cárcel por toma la decisión de abortar. Avanza la marea verde en Sinaloa”, ha celebrado en sus redes sociales la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, una de las dirigentes de la autodenominada Cuarta Transformación que más han impulsado este debate.
Con 28 votos a favor, dos en contra y nueve abstenciones, Sinaloa sigue el camino de Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima. En el resto del país la interrupción del embarazo está permitida bajo el supuesto de violación y, en algunos casos, por causales relacionadas con la viabilidad fetal, salud de la madre y pobreza extrema. Durante la discusión de la iniciativa en el Congreso local, la secretaria de la mesa directiva, Nela Rosiely Sánchez, representante del partido oficialista Morena, afirmó que penalizar el aborto “es un tipo de violencia de género”, ya que ante la prohibición las mujeres recurren a prácticas clandestinas.
Detrás de los abortos sin control en el Estado de Sinaloa, recordó en un reciente debate la propia Sánchez Cordero, hay cifras muy preocupantes: alrededor de 1.500 cada año. La seguridad de las mujeres es uno de los propósitos que llevó a la Suprema Corte a pronunciarse al respecto. Aunque en la práctica la decisión del máximo tribunal constitucional del país solo rectificó el Código Penal del Estado Coahuila, en el norte del país, sentó un precedente obligatorio para todos los tribunales mexicanos. El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, saludó la decisión publicando en Twitter la fotografía del puño en alto de una mujer con pañuelo verde, símbolo feminista.
