REPORTERO2 
Por: Miguel Valdez Aguirre
La administración municipal en Chihuahua capital tiene el compromiso de servir a toda la población, independientemente del partido por el que las personas hayan votado o que no hayan participado en el proceso electoral del que surgieron sus integrantes. Una vez que asumen el gobierno, gobiernan para todos.
Servir a todos no es tan sencillo, porque en el gobierno participan personas provenientes de partidos políticos, y como tales, tienen esa la visión partidaria del municipio, su sociedad, sus problemas y del modo de aplicar los recursos públicos. Al tomar decisiones en el sentido de lo que aconseja su partido o su grupo político, el gobierno deja de representar a todos.
El cabildo es el espacio de representación de la sociedad plural que somos, para procurar sumar las visiones, integrar las fuerzas, conciliar, en lo posible, las diferencias.
El trabajo de los políticos sería ejercer la política, esa vieja ciencia y arte que surgió en la Grecia después de la guerra de Troya precisamente para resolver los asuntos públicos empleando los argumentos a su alcance y la democracia para asumir que hay ocasiones en que algún grupo debe asumir que no convenció a la mayoría, pero que quedan a salvo sus argumentos como contrapeso crítico a las decisiones tomadas.
Es ruin emplear recursos públicos, no argumentos, para sumar voluntades, como “el maíz” (dinero) con el que Porfirio Díaz callaba a los gallos (periodistas críticos) o los “cañonazos” de cincuenta mil pesos con los que Obregón conseguía que los opositores dejaran de serlo y se pasaran de su lado. O los sobornos que Peña Nieto repartió a diputados y senadores para que apoyaran sus reformas.
El cabildo aprobó por mayoría de votos la renta de 72 patrullas pick up, 4 SUBs y una bombera. Los contribuyentes que vivimos en el municipio de Chihuahua pagaremos de renta, por cada patrulla, cerca de 55 mil pesos mensuales por cuatro años y las patrullas nunca serán del municipio, siempre serán propiedad de los particulares que las rentan. Al término de los cuatro años habremos pagado más de dos millones y medio por cada una y nos habremos quedado sin ellas. Los regidores a favor de este proyecto tomaron el mismo modelo empleado por la administración de Peña Nieto en julio de 2018 para rentar los vehículos que ahora usa la Guardia Nacional.
Toca a los regidores que votaron en contra reconocer que la mayoría manda. Toca a la administración municipal demostrar que los resultados en seguridad compensarán la inversión, aunque siga siendo cierto aquello de que hay particulares que obtienen jugosos beneficios con el dinero de todos y que sobrará quienes contraten sus habilidades y el servicio de sus empresas para hacer la función pública.
Con este modelo y con esta lógica, a pocos particulares les va muy bien con el dinero de todos, siempre y cuando tengan amigos en el gobierno.
Sin darles la razón a unos ni a otros, conviene pensar: ¿está en la voluntad de los ciudadanos que sus autoridades sirvan al pueblo o contraten a particulares para que hagan sus funciones?
