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Por segunda ocasión, la Fiscalía de Derechos Humanos y Desaparición Forzada llevó ante Tribunales al imputado Ismael Q. A., quien fue vinculado a proceso por su presunta participación en la desaparición del activista Cruz Soto Caraveo.
La captura del procesado, se efectuó el pasado 22 de noviembre en el Municipio de Navojoa, durante un operativo que se realizó con la colaboración de la Fiscalía de Sonora, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, así como la Unidad de Investigación de Desaparición Forzada de Chihuahua. Ismael Q. A. es señalado por participar en la privación de la libertad al representante del Colectivo de Familias Desplazadas Forzosamente de la Sierra Tarahumara, en una brecha que conduce de Témoris a Los Llanos en el Municipio de Guazapares.
El Juez de Control encargado de la causa, consideró que existen suficientes pruebas para dar por cierta la participación del procesado en el delito de desaparición cometida por particulares, prevista en la Ley General de la materia. La resolución judicial, establece que el imputado deberá permanecer bajo la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure su proceso y además fijó un plazo de seis meses para que el Ministerio Público lleve a cabo las investigaciones complementarias en torno a esta imputación.
Esta resolución, es el resultado de una labor exhaustiva que se integra con el modelo de la tetralogía de investigación e integra el trabajo legal y científico de Agentes del Ministerio Público, Elementos de Investigación, Analistas de Contexto y Peritos, en coadyuvancia con la organización de la sociedad civil representante de las víctimas indirectas del caso. Se destaca, que la detención y presentación del imputado ante los Tribunales, coincide con la primera visita que realiza a México el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, lo que permite visibilizar el trabajo que realiza la actual administración para esclarecer este tipo de hechos que implican graves violaciones a los derechos humanos.
La Fiscalía General del Estado, continuará priorizando el combate a la impunidad ante cualquier caso que implique violaciones graves a los derechos humanos, así como el acceso de la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral del daño para las víctimas.
