22 noviembre, 2024

CFE oculta contratos con empresa sancionada por corrupción en AL y Europa

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) rechazó hacer públicos contratos de energía renovable suscritos con la filial mexicana de Acciona Energía, una empresa española socia de Odebrecht que ha sido indagada y sancionada por países de América Latina y Europa por cometer actos de corrupción, y a la que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha incluido en investigaciones de presunto lavado de dinero en México.

A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Animal Político solicitó a la empresa productiva estatal que reportara sus contratos con la razón social Acciona Energía Servicios México S. de R.L. de C.V., que se especializa en la generación de energía eólica, parte de la cual vende a la CFE.

La empresa dirigida por Manuel Bartlett afirmó que no encontró los contratos solicitados, a pesar de que hay indicios públicos de que, desde hace años, ha existido una relación comercial con dicha razón social, según constató el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) durante la elaboración de un recurso de revisión.

La posición de la CFE también es contradictoria con informes oficiales en los que la propia empresa productiva del Estado reconoció que sí tiene negocios de generación de energía limpia con Acciona.

Los cuestionamientos hacia Acciona Energía no sólo están en México. La empresa está bajo investigación de la Fiscalía de Ecuador por sospechas de corrupción en un contrato ganado en consorcio con Odebrecht en 2015 para construir un tramo del Metro de Quito, por un monto de mil 500 millones de dólares.

A su vez, la Fiscalía de Colombia indaga a ambas firmas por presuntamente haber simulado competencia en una licitación en ese país.

En 2019, el Banco Mundial vetó por dos años y medio a una filial de infraestructura de Acciona en Bolivia por cometer irregularidades en una oferta y mentir sobre los avances de una obra.

Y en Europa, la justicia española ha multado y encarcelado a exdirectivos de la empresa y exfuncionarios públicos por un escándalo de corrupción relacionado con una obra en la comunidad autónoma de Aragón y que es conocido como el “caso Plaza”.

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