REPORTERO1 
Rosario Robles Berlanga, la única presa de primer nivel que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta corrupción, se queda en Santa Martha Acatitla, penal de la Ciudad de México que ha sido su hogar desde agosto de 2019. El Ministerio Público presentó nuevos alegatos para evitar su salida. Pero hoy, como ayer, la exfuncionaria federal parece retenida con alfileres.
La exsecretaria de Estado de la administración de Enrique Peña Nieto se mantenía en prisión por el supuesto temor de que se diera a la fuga. La Fiscalía presentó al Juez una licencia de conducir con la que argumentaba sus temores de que escapara de su alcance. Pero en el camino, la defensa pudo comprobar que se trataba de un documento falso.
Esa licencia era lo único que mantenía a Robles Berlanga, también exjefa de Gobierno de la capital mexicana, en prisión. Y este miércoles al menos ese argumento iba a derrumbarse. Pero de última hora, nuevos alegatos de la Fiscalía brincaron temporalmente ese escollo y lograron evitar lo que habría sido una gran vergüenza para una administración que prometió combatir, como prioridad, la corrupción.
Es decir, la prisión preventiva que le fue dictada en agosto de 2019 a Robles no fue por su participación en la “Estafa Maestra”, sino por esta licencia de conducir que la FGR presentó ante un Juez para argumentar que existía un riesgo latente de fuga debido a que tenía una dirección diferente a su domicilio en Coyoacán.
A Robles Berlanga, titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, se le acusa de uso indebido del servicio público al emplear universidades públicas para subcontratar servicios y así desviar recursos. Robles es señalada de permitir estas irregularidades, situación que la mantiene desde hace más de dos años en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla.
La abogada Adriana Greaves Muñoz, de la organización TOJIL, dijo en una entrevista previa con SinEmbargo que el caso de Robles es una “simulación de justicia” al no imputarle los supuestos desvíos de recursos. “No se investigó la totalidad y se redujo a una investigación bastante sencilla de una consecuencia jurídica no relevante”, planteó.
Robles ha explorado varias vías para lograr su libertad: amparos, cartas, cambio de equipo legal e incluso solicitó negociar con la Fiscalía un criterio de oportunidad o apegarse a la figura de procedimiento abreviado. No obstante, el Fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que la diferencia entre ella y Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex imputado por el caso Odebrecht, es que Robles no ha querido hablar sobre los implicados en la trama de corrupción como sí lo ha hecho Emilio Zebadúa González, quien fuera su Oficial Mayor tanto en la Sedesol como en la Sedatu, y a quien sí se le otorgó el criterio de oportunidad bajo el cual le atribuyó cargos a Robles por el desvío de recursos públicos.
En meses recientes recurrió a la vía del amparo para dejar la prisión. En ese sentido, la exfuncionaria logró que un Tribunal ratificara el recurso que un juez le había concedido bajo los argumentos de que la licencia para justificar la existencia de diversos domicilios es falsa; que no existen recursos económicos ni de la inculpada ni de sus familiares, para que ésta pudiera evadir la acción de la justicia, y que está comprobado el asiento de Rosario Robles en la Ciudad de México.
Pese a ello, Rosario Robles seguirá en prisión.
