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El secretario general de Gobierno, Fernando Mesta señaló que la Ley de Transporte en Chihuahua abonó para poner orden en las concesiones y avanzar en un transporte, digno, moderno y de calidad para los chihuahuenses.
En la emisión del programa que se difunde por las redes sociodigitales del Gobierno del Estado, fue acompañado por la coordinadora técnica de la Secretaría General de Gobierno, Johana González Lucero, quien detalló los alcances de la nueva Ley de Transporte.
Señaló al respecto que la problemática que subyace a este tema es muy compleja y profundamente técnica, en ese sentido “nos sentimos muy orgullosos de los logros alcanzados en la materia, puesto que hubo una total reingeniería de la materia”.
Sostuvo que la propia aprobación de la iniciativa fue un gran logro, porque muchos habían sido los legisladores, incluso titulares del Poder Ejecutivo que habían intentado reformar sustancialmente la ley, todos ellos sin éxito, tan es así que habían pasado casi 30 años para que la norma fuera reformada.
Johana González destacó que en buena medida su aprobación se debió a los méritos propios del proyecto, fundamentalmente porque se buscó generar una mejora sustancial del servicio público para los chihuahuenses y además,se establecieron diversos derechos para los usuarios y las disposiciones necesarias para garantizarlos.
Dijo que un ejemplo muy sencillo, es la obligación de los taxis de contar con taxímetro, como también la regulación de las empresas “redes” de transporte, conocidas como Uber, Didi o plataforma semejante, aparejado con la obligación de colaborar en temas de seguridad cuando se lleve a cabo un suceso que vulnere la integridad de los particulares.
Sin embargo, señaló, la iniciativa sobresalió también por la visión de progreso y profesionalización del transporte y en este punto, cabe mencionar que “no hay transporte sin transportistas”, por ello la ley concretó grandes avances para los concesionarios.
Por mencionar algunos aspectos, citó la obligatoriedad de realizar licitaciones para otorgar concesiones y establecer criterios claros, justos y enfocados a la competitividad y la competencia en el sector y se adicionó la obligación de las autoridades no sólo de publicar estos fallos sino también de la evaluación base para expedir los permisos.
En cuanto a la revisión anual de la tarifa, González Lucero informó que se desglosaron los elementos que se deben computar para su definición. Incluso se contempló el bienestar de los operadores del transporte, puesto que se estableció la obligación de los concesionarios de garantizar la seguridad social y laboral de sus conductores.
Señaló también que la nueva ley dio a los transportistas una seguridad jurídica y garantía de objetividad con la que nunca habían contado, así como una organización y administración moderna del transporte.
“Todo esto fue resultado de un análisis exhaustivo de las mejores prácticas a nivel internacional y de los sistemas más grandes de transporte en el mundo, que originó la creación del Sistema Integrado del Transporte”, comentó la funcionaria.
Abundó que dicho sistema establece mejoras en materia de medio ambiente, ya que reduce las emisiones de carbono por casi 12 toneladas anuales; además permite un menor tráfico, lo que representa menores tiempos de traslado para la ciudadanía, con impacto en su calidad de vida.
Por otro lado, el pago electrónico representa menores costos y permite que los ingresos se concentren en un fondo centralizado que se distribuyen equitativamente.
Esto permite que los concesionarios ya no tengan que estar peleando por las rutas más redituables y que por lo tanto, dejen sin servicio a otras áreas de la ciudad que cuentan con una menor densidad poblacional, destacó González Lucero.
Otras dos rubros importantes, fueron la integración de un sistema de Monitoreo y control de flota, así como una plataforma de administración del transporte en general.
La plataforma permite tener datos claros sobre las irregularidades del transporte, “nos dimos cuenta que entre el 20 y el 30% de las concesiones no tenían los datos actualizados o no tenían aparejado un historial de cumplimiento, es decir, se encontraban en el mercado negro, por lo que tras una revisión exhaustiva caso por caso, se terminó por cancelar casi mil 800 concesiones, lo cual fue un hecho histórico”.
Mientras que el sistema de monitoreo y control de flota, permite supervisar la prestación del servicio, ya que las unidades cuentan con dispositivo GPS, para verificar rutas, horarios, que los camiones no se salgan de la geocerca predefinida y generar reportes automáticos.
Finalmente, el secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, indicó que la nueva Ley de Transporte se sigue desarrollando actualmente y se irá ascendiendo, pero reiteró que con ella, el Gobierno del Estado y el gobernador, cumplió en la mejora de la prestación del servicio, desde un enfoque despolitizado, más técnico y enfocado al usuario.
