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El gobernador Javier Corral inauguró la Segunda Sesión Ordinaria de la Zona Noroeste de la Conferencia Nacional de Sistema Penitenciario, con la presencia de representantes de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua.
En el acto efectuado en el Salón 25 de Marzo de Palacio de Gobierno, el gobernador destacó la relevancia de esta reunión para coordinarse en las acciones que permitan fortalecer el Sistema Penitenciario, así como compartir información de las mejores prácticas en la materia que se presentarán próximamente en la Asamblea Plenaria Nacional.
Celebró que por tercera ocasión, Chihuahua sea anfitrión de la Sesión Ordinaria Zona Noroeste, lo que habla de la labor comprometida y profesional que se ha realizado en los centros de readaptación social del estado, siempre con perspectiva de derechos humanos.
Corral Jurado exhortó a los participantes en esta reunión, a analizar las observaciones y recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha planteado al Sistema Penitenciario Nacional y que siguen siendo los principales retos para quienes tienen la obligación de administrar estos centros y también articular y concertar con otros niveles de gobierno y con otros poderes, las acciones debidas para enfrentarlos.
Entre las problemáticas señaladas, expuso que son sobrepoblación, hacinamiento, condiciones de gobierno, autogobierno y cogobierno, así como la imposición excesiva de la pena de prisión, la falta de personal capacitado y suficiente que favorezca la reinserción social efectiva, la seguridad y la atención de aquellos aspectos que afectan significativamente los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad de los centros penitenciarios del país.
“Estamos convencidos de la importancia de que las personas privadas de su libertad sean tratadas humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad, a sus derechos y a sus garantías fundamentales, con estricto apego a los instrumentos internacionales que en esta materia México ha suscrito sobre Derechos Humanos”, declaró.
El mandatario explicó que en Chihuahua existen 11 centros penitenciarios que tienen una población aproximada de 8 mil 600 personas recluidas, lo cual ha impulsado a la actual administración estatal a tener un sistema que operé en óptimas condiciones para lograr una verdadera readaptación social, pues muchas veces las mismas condiciones de estos centros promueven la exclusión, la desigualdad y diversas prácticas que se deben erradicar.
“Contar con sistemas penitenciarios de calidad contribuye a mejorar la seguridad pública del país y a que las personas que finalizan sus penas, puedan retomar sus proyectos de vida alejados de la violencia y la delincuencia”, dijo.
Comentó que la pandemia trajo problemáticas especiales en todos los centros penitenciarios del país, como fue el problema de contagios por coronavirus y en donde se llegó a tener muchos casos, lo que los obligó a tomar medidas especiales por medio de Consejo Estatal de Salud.
El gobernador Javier Corral deseó éxito en los trabajos a las autoridades participantes en la reunión.
A su vez, el secretario ejecutivo de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, Raymundo Huerta Beltrán, afirmó que este tipo de sesiones de trabajo son sumamente valiosas porque permiten compartir experiencias para resolver los desafíos del día a día, avanzar en el compromiso de la reinserción social.
Reconocimiento la labor que durante la pandemia ha desarrollado el personal de los centros penitenciarios, “quienes han tenido que redoblar esfuerzos y generar nuevas maneras de trabajar en diversas áreas, para preservar el cuidado de la salud física y mental de las personas privadas de la libertad, siempre con la salvaguarda de su integridad y sus derechos humanos”.
En el evento se contó con la presencia del fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel; la coordinadora regional de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario Zona Noroeste, Nora Angélica Balderrama; la representante del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Angélica Sánchez Córdova; la presidenta del Congreso del estado, Blanca Gámez Gutiérrez; el director de Seguridad Pública Municipal, Gilberto Loya Chávez, así como Juan Manuel Sánchez Rosales, en representación de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
