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Cuatro exfuncionarios fueron identificados como los principales operadores de la red de corrupción que durante la administración estatal 2010-2016 encabezada por César Horacio D.J., desvió más de 2 mil 700 millones de pesos (mdp) del erario estatal.
En rueda de prensa, Mónica Vargas, secretaria de la Función Pública (SFP), dio a conocer que actualmente se siguen cinco procesos administrativos en los que está vinculado directamente el exmandatario, en los cuales trascienden estos cuatro personajes.
Cada uno de ellos cuenta con más de 30 procedimientos en su contra, por las vías penal y administrativa, quienes participaron en la ejecución de pagos de la Secretaría de Hacienda a la Unión Ganadera Regional División del Norte y a la sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom), denominada, Financiera División del Norte.
En la primera, el exmandatario estatal fungió como socio y en algún tiempo como presidente, mientras que en la Sofom tenía participación como accionista principal, además de haber sido su fundador.
Vargas añadió que desde octubre de 2016, en que inició el mandato del gobernador Javier Corral, se presentaron 97 denuncias administrativas ante la SFP, de las cuales 88 tienen además el carácter de penales y de éstas, 86 fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
En el ámbito administrativo se iniciaron 73 procedimientos en los que están involucrados 778 exservidores públicos, que representan un daño a la hacienda pública por un monto superior a los 1,798 mdp.
De estos 73 procesos, en 19 han logrado la inhabilitación de los exservidores que participaron, quienes no podrán laborar en la administración pública estatal.
Además se han impuesto sanciones económicas por casi 550 mdp.
“Encontramos la simulaciones que se hacían para sacar ese recurso público de las arcas y ocuparse para fines personales de los actores involucrados, personalmente el exgobernador”, precisó la funcionaria.
La dependencia tiene enlistadas faltas como adjudicaciones discrecionales, contrataciones simuladas, empresas fantasma, pagos indebidos, obras no ejecutadas que recibieron remuneración, predios por encima de su valor y el otorgamiento de indebido de beneficios, a algunas personas morales ligadas con el propio ex titular del Ejecutivo.
Mónica Vargas, explicó que existe un avance importante en los procedimientos, pero para que sea retornado a las arcas estatales la totalidad del recurso desviado, debe haber un trabajo de seguimiento por la siguiente administración, ya que se ha iniciado una batalla legal para que se reafirmen las resoluciones aplicadas por la SFP.
Indicó que fue iniciado el proceso de análisis exhaustivo para establecer a dónde fue a parar el recurso desviado, por lo que la defensa de los involucrados empleará los medios correspondientes para retrasar los pagos
Consideró que a partir de que se impusieron las sanciones, deberán pasar al menos 5 años más para que haya una sentencia firme, por el proceso legal que debe seguirse.
Por lo tanto, precisó que ese sería el tiempo que podría pasar para que el dinero sea reintegrado a los chihuahuenses.
“Por eso es importante que quien suceda al gobernador (Javier Corral), debe tener una firme lucha contra la corrupción, porque si no esto quedaría en el papel; necesitamos un compromiso del próximo gobernador”, expresó.
Destacó que en cuatro años de la actual administración, el Estado de Chihuahua pasó del lugar 30, al 6 en percepción de la corrupción.
“Debemos entonces exigir que quien venga, continúe estos procedimientos”, reiteró.
“Buscaremos que se recuperen los casi 3 mil mdp y se conviertan en beneficio para los chihuahuenses en hospitales, medicinas, escuelas, infraestructura, eso es lo que se busca como fin último, que se regresen y se transformen en beneficios para la sociedad”, finalizó Vargas.
